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Reportaje:

Endesa entra en la heterodoxia contable

El Gobierno permite a la empresa cargar 205.000 millones contra reservas para salvar el beneficio

Jesús Mota

Las prácticas contables de las compañías eléctricas españolas suelen ser arbitrarias y embarulladas. Eso es al menos lo que opina un buen número de expertos contables, auditores y analistas financieros que han tenido la oportunidad o la obligación de analizar las partidas de las empresas por motivos profesionales. La regla general, dicen, es que las eléctricas contabilizan según les conviene, es muy difícil separar gastos ordinarios de extraordinarios y, sobre todo, resulta que lo que es ortodoxo para Iberdrola no lo es para Unión Fenosa, y viceversa. Ni el Plan General de Contabilidad (PGC) ni las voluntariosas normas sectoriales para ordenar la manera de echar las cuentas de las eléctricas han conseguido poner un orden razonable.

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En este marco que la costumbre ha convertido en caótico, la Ley 66/1997, que aplicaba el Plan General de Contabilidad, permitía que las eléctricas 'pudieran imputar a reservas voluntarias a lo largo de dos años las pérdidas y costes derivados del tránsito del sector a la competencia que no fueran recuperables a través de la compensación retribución fija por tránsito a la competencia (CTC)' (Disposición Transitoria primera). A principios de febrero el Gobierno anuló el sistema de cobro de los Costes de Transición a la Competencia (CTC) que garantizaba un 4,5% de la tarifa para las compañías por este concepto.

Con el sistema de percepción anterior a febrero de 2001, las compañías eléctricas tenían garantizada la percepción del 4,5% de los ingresos mensuales obtenidos por la facturación de la tarifa eléctrica. Pero, además del 4,5%, las eléctricas podían percibir más dinero por CTC por el sistema de liquidación, es decir, por el reparto de la cantidad sobrante una vez pagados todos los cargos fijos -moratoria nuclear, retribución al operador del sistema, etcétera-, con lo cual solían redondear cantidades apreciables. El Gobierno decidió eliminar este procedimiento siguiendo la recomendación de sus servicios jurídicos, que estiman que la Comisión Europea no podrá declarar ilegales los CTC propuestos por España si no existe una afectación obligatoria en la tarifa, como era la del 4,5%.

Caja y devengo

Como algunas empresas habían iniciado programas de reestructuración de plantillas (por ejemplo Endesa, que la ha recortado desde 25.000 a 17.000 empleados), el ministerio de Economía, atendiendo a sus requerimientos, publicó el pasado 28 de marzo una orden ministerial que permite contabilizar contra reservas la parte del resultado extraordinario 'que sea consecuencia exclusivamente de la supresión que el citado Real Decreto-Ley [2/2001 de 2 de febrero] realiza de la afectación del 4,5% de la facturación por venta de energía eléctrica a los consumidores'. Que es la norma que ha embarullado un poco más la contabilidad eléctrica.

Manos libres de nuevo para que las compañías puedan contabilizar como les plazca lo que son costes, gastos o pérdidas extraordinarias de ingresos. Pero, en este caso, según algunas fuentes consultadas, se da la circunstancia de que, como ejemplo de esa contabilidad caótica que se mencionaba al principio, algunas contabilizaban los CTC con criterio de caja -apuntaban los ingresos recibidos de forma efectiva-, caso en el que estarían Unión Fenosa e Hidrocantábrico, y otras -Endesa- imputarían los ingresos con criterio de devengo, es decir, que se apuntaban lo que estaba reconocido por Ley, aunque las cantidades recibidas fueran inferiores. De ahí que Fenosa y Cantábrico se hayan sentido molestas, porque la Orden Ministerial permite a Endesa, y probablemente a Iberdrola, lavar los efectos de una contabilidad relajada o poco rigurosa.

¿Y cómo ha limpiado Endesa su contabilidad? Pues con los cálculos que están resumidos en los cuadros adjuntos. Según la empresa, la diferencia entre los activos que tenían que compensarse con CTC y la cantidad que se ha podido compensar en realidad asciende a 315.972 millones de pesetas. De esta cantidad, los gastos de reestructuración diferidos (coste de los ajustes de plantillas) ascienden a 287.340 millones de pesetas. A consecuencia de esta disminución, la compañía se ahorrará unos impuestos estimados de 110.590 millones; por lo tanto se carga contra reservas la cantidad de 205.382 millones de pesetas.

El efecto sobre la cuenta de resultados es contradictorio. La cifra de negocios del año 2000 aumenta el 2% sobre el cierre 'sin cargo a reservas' -de 2,490 billones a 2,539 billones- y el beneficio de explotación también crece, el 3,2% en este caso -de 493.449 millones a 509.335 millones-. Pero, a cambio, el aumento del beneficio neto pierde una décima. Si en el primer cierre del ejercicio la empresa se apuntó un beneficio neto de 234.272 millones de pesetas, con un crecimiento del 10,2% sobre 1999, con las nuevas cuentas asciende a 234.031 millones, con un aumento del 10,1% sobre el ejercicio anterior.

Todas estas cifras son oficiales; las ha difundido el grupo Endesa. La relación oficial precias incluso que 'la nueva cuenta de pérdidas y ganancias no incluye el gasto extraordinario por la cancelación de la cuenta a cobrar por el ingreso de CTC registrado en 1999 por encima de los importes cobrados. Dado que este efecto se derivaba de la aplicación del Real Decreto Ley 2/2001, se ha cancelado también contra reservas'.

Ratio de endeudamiento

Estos son, por supuesto, los efectos que favorecen la imagen financiera de la empresa. Mejor resultado de explotación, más cifra de negocio y un efecto casi imperceptible en la cuenta de resultados, que es lo que le gusta a los directivos. El problema -perfectamente asumible por las empresas, por lo que se ve- es que mientras con estas prácticas se arreglan las cuentas que ven en el escaparate los inversores, pequeños accionistas y medios de comunicación, se deteriora la trastienda. Esto es lo que ha sucedido en este caso, como no podía ser de otra forma. Los fondos propios de la compañía, calculados en el cierre inicial del ejercio en 1,642 billones de pesetas, han caído a 1,437 billones.

A pesar de lo que asegura Endesa al final de su folleto dedicado a los inversores -'al acogerse a lo dispuesto en la Orden Ministerial de 28 de marzo, los estados financieros de Endesa reflejan de manera más adecuada la imagen fiel de la empresa'-, la contabilización con cargo a reservas suele ser una de las prácticas menos recomendables y más falseadoras de las cuentas de una compañía. No tanto porque los gastos ordinarios y extraordinarios deben cargarse contra los resultados del ejercicio, que es el método más ortodoxo, fiable y representativo de la situación de una empresa, sino porque tan perjudicial como reducir los fondos propios es la aleatoriedad. Ni se puede ni se debe imputar gastos sobre resultados cuando conviene y contra reservas cuando no conviene, porque, sea la imagen más fiel con uno u otro procedimiento -y siempre lo es más imputando sobre resultados-, las comparaciones se hacen difíciles y, por tanto, los inversores carecen de puntos de referencia seguros.

En el caso de Endesa, la contabilización contra reservas tiene un efecto de deterioro sobre los ratios de saneamiento de la compañía. El volumen de la deuda es muy elevado. Por lo cual, al disminuir el volumen de fondos propios, crece la relación de deuda sobre recursos propios. Si en el primer cierre de las cuentas dicha relación era de 2,22, después de la imputación contra reservas de los 205.382 millones de pesetas sube hasta 2,53. Esa es la 'mala noticia' que se esconde en la trastienda, el coste de maquillar -de forma legal, eso sí- la cuenta de resultados.

Fechas decisivas

Las eléctricas han abandonado casi de forma definitiva la esperanza de percibir los 1,3 billones de pesetas prometidos por el anterior Gobierno en concepto de costes de transición a la competencia (CTC). Este pesimismo surge en el momento en el que la Comisión Europea está en una fase decisiva para determinar si los CTC son o no ayudas de Estado. Los pronósticos siguen siendo desfavorables a las tesis del Gobierno español. Lo mejor que puede conseguir en Bruselas es una aprobación condicionada a una revisión anual de los activos eléctricos planta por planta.

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