España estudia prohibir la fabricación y venta de instrumentos de tortura

El Gobierno está estudiando 'prohibir o limitar la producción y exportación' de grilletes y cadenas para pies y cintura, que Amnistía Internacional califica como 'instrumentos de tortura', según declaró ayer en el Congreso el secretario de Estado de Comercio, Juan Costa. EL PAÍS denunció en octubre pasado que la empresa vasca Larrañaga y Elorza exportaba este material para presos que en España no se utiliza por vejatorio. La Junta Interministerial de Material de Defensa y Doble Uso (JIMDU) comprobó que dicha sociedad no había solicitado los preceptivos permisos, por lo que informó a la Administración Tributaria para la depuración de responsabilidades. Sin embargo, ésta no impuso ninguna sanción, al considerar que la cuantía era inferior a la prevista para el delito de contrabando y que no hubo dolo, al alegar la empresa que ignoraba la normativa.

Por otra parte, Costa aseguró ayer que la partida, por valor de 182 millones de pesetas, exportada a Guinea Ecuatorial corresponde a 'armas de caza y deportivas, municiones y pólvora industrial', por lo que no está sometida a control. Pese a ello, aseguró que ha pedido la modificación de dicho código arancelario, para evitar confusiones, y que la JIMDU sea informada de estas operaciones, para 'tener la certeza' de que dicho material no se desvía a otros fines. Carles Campuzano, de CiU, cuestionó que las autoridades guineanas quieran 'reforzar su equipo de tiro olímpico o dedicarse a la caza'.

Costa aseguró que no se han exportado armas a ningún país en guerra o sometido a embargo y negó que el Gobierno no sea diligente en la defensa de los derechos humanos o aplique con laxitud los criterios del Código de Conducta de la UE. Respecto a las ventas a Turquía, Marruecos e India (que totalizan 4.403 millones de pesetas en el primer semestre de 2000), se limitó a subrayar que las armas españolas representan una mínima parte de las que importan dichos países, con graves conflictos internos.