El Gobierno propone la cesión del 40% del IRPF a las autonomías

Estas ideas fueron avanzadas por el secretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez Reyna, y el responsable de Haciendas Terririales, Antonio Beteta. Está en juego el destino de una cantidad que ronda los ocho billones, cerca de la mitad de los de gastos del Estado. La fecha tope que el Gobierno establece para un acuerdo es el 30 de septiembre, día límite para la entrada en el Congreso de la Ley de Presupuestos para 2002. Las principales modificaciones que propone son:

- IRPF. Seguirá siendo el impuesto sobre el que gravitará el sistema. Frente a una cesión actual cuyo límite máximo supera el 30% de la cuota líquida, el Gobierno está dispuesto a subir hasta el 40%. También vería bien aumentar la capacidad normativa que tienen las comunidades; es decir, ampliar la posibilidad de que suban o bajen (ahora un más o menos 3%) el tramo que les corresponde de la tarifa y poner nuevas deducciones. No está de acuerdo en los recargos autonómicos que propone el PSOE.

- Impuestos indirectos. La principal novedad del nuevo sistema respecto del actual consistirá en la cesión parcial de los impuestos indirectos. El principal de ellos es el IVA, para el que el Gobierno plantea transferir entre el 25% y el 30% de la recaudación, aunque sin capacidad normativa. También se está dispuesto a ceder parte de los impuestos especiales (hidrocarburos, alcohol y tabaco) más el de matriculación, seguros y electricidad. Respecto del primer grupo, la capacidad normativa para las comunidades está restringida por la UE, pero existe margen dentro del segundo grupo. Giménez Rey explicó, sin embargo, que en el impuesto de matriculación varias comunidades han dicho que no a la posibilidad de fijar los tipos para no alentar que los coches se compren allí donde los impuestos sean más bajos. En los actuales impuestos cedidos (patrimonio, actos jurídicos, sucesiones, juego, etcétera) se quiere ampliar la capacidad normativa.

- Garantías. Las redes que ahora garantizan a las comunidades el aumento de sus ingresos por IRPF, al menos, en un porcentaje igual al PIB nominal (el crecimiento económico más la inflación) desparecerán para todos los impuestos cedidos. Si la reforma del IRPF prevista para su entrada en vigor en 2003 reduce los ingresos de las comunidades, será a su cuenta. Hacienda argumenta que ese descenso se compensará con más ingresos por los otros impuestos cedidos ya que, como ocurrió en la última rebaja del IRPF, el consumo se disparó y con él la recaudación del IVA, de los impuestos especiales, el de matriculación, etcétera.

- Gestión. La cesión de impuestos se hará sin fragmentar la gestión, lo cual significa que se mantendrá una Agencia Tributaria única y estatal.

- Sanidad. Para que la cesión de todos estos impuestos sea posible, las comunidades han de tener competencias de gasto suficientes. De aquí que se contemple en dos años la cesión de la sanidad a todas las comunidades, así como de la justicia y la gestión del desempleo.

Giménez Reyna y Beteta flexibilizaron estas posiciones en el encuentro que mantuvieron por la tarde con la delegación del PSOE, presidida por Jordi Sevilla, al que acompañaron representantes autonómicos. Aceptaron estudiar la propuesta socialista, alternativa a la suya del 40% del IRPF, favorable a la cesión de un impuesto lineal de tramo único.

También se comprometieron a hacerlo con la alternativa socialista de ceder capacidad normativa en los impuestos especiales como tabaco y alcohol. Coincidieron en que dicha capacidad no se extienda a los carburantes. En cuanto a la reclamación socialista de cesión de un porcentaje de participación de la capacidad normativa sobre el IVA, Giménez Reyna apuntó que era 'difícil' y estaba pendiente de la resolución de Bruselas.

El Ejecutivo también se comprometió a atender otra reclamación clave del PSOE: la actualización del censo. Actualmente rige el de 1988. Discreparon con la propuesta del PSOE de que en el nuevo modelo el ritmo se ajuste al ITAE (media de los impuestos). Y quedó para el final de la negociación la posibilidad de que el Gobierno compense a aquellas comunidades -como la andaluza- que perdieron por no haberse acogido al modelo aprobado en 1996.

Sevilla dijo al final de la reunión que había encontrado 'voluntad de acuerdo' en este primer encuentro negociador entre Gobierno y PSOE.