La Audiencia excarcelará a siete integrantes del 'aparato político' de ETA

El abogado de las Gestoras pro Amnistía y habitual defensor de presos de ETA Txema Matanzas, encarcelado por el juez Baltasar Garzón en septiembre de 2000 como responsable del frente de makos -los presos de la organzación terrorista- saldrá hoy en libertad si los jueces no modifican a última hora la posición a la que llegaron ayer, tras dos meses y medio de deliberaciones y que, según fuentes judiciales de la Audiencia Nacional, conducirá a la excarcelación de 7 de los 14 inculpados que continúan en prisión, entre ellos Matanzas. Según las misma fuentes, el cambio de situación beneficiará también a Rubén Nieto Torio, uno de los liberados de Ekin.

Fuentes judiciales de la Audiencia Nacional expresaron el malestar existente en la Fiscalía y entre numerosos magistrados por la excarcelación de Matanzas y otros seis dirigentes de Ekin, decisión a la que han llegado los magistrados de la Sección Cuarta de lo Penal, Carlos Cezón y Juan José López Ortega, persistiendo en la misma línea argumental que el pasado febrero llevó a excarcelación de tres presos de Xaki, el ministerio de Asuntos Exteriores de ETA, y a revocar cinco procesamientos.

En aquella ocasión, el ministro portavoz, Pío Cabanillas, calificó de 'especialmente grave' que el tribunal considerase que Xaki era una organización legal y no el ministerio de Asuntos Exteriores de ETA. El portavoz del Ejecutivo llegó a decir que esa decisión iba 'contra una parte sustancial de los mecanismos que tenemos en Derecho para combatir el terrorismo'.

Voto discrepante

Según las citadas fuentes, el tercer integrante del tribunal, Antonio Díaz-Delgado, expresará su rechazo frontal a las excarcelaciones en un voto particular discrepante a la línea seguida por los otros dos jueces. Los votos disidentes en autos que resuelven recursos de apelación son muy poco habituales y al mismo tiempo muy expresivos de la gravedad de las divergencias entre magistrados de un mismo tribunal sobre una línea argumental determinada.

El pasado septiembre, en el curso de la Operación Lobo Negro, Garzón detuvo a 20 presuntos integrantes del colectivo Ekin, entidad que sucedió a la Koordinadora Abertzale Sozialista (KAS) en 'la codirección política global subordinada a la organización terrorista'. De los 20 detenidos quedan en prisión 14, cuyos recursos se vieron el pasado 16 de enero. Las deliberaciones se han eternizado desde entonces sin llegar a una solución unánime.

En el auto de prisión dictado por Garzón en septiembre, el magistrado definió a los miembros de Ekin-Kas como los 'comisarios políticos de ETA en el entramado del Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV)' . Dentro de las actividades del colectivo, Garzón afirmó que 'Ekin se encarga de señalar a los responsables o culpables de la situación del colectivo de presos de ETA'.

El magistrado atribuyó a Matanzas 'un papel esencial' en el control del colectivo de presos de ETA, 'de modo que puede decirse que controla, como miembro de Ekin, el denominado frente de makos'. Además, Garzón hizo constar que en el curso de las investigaciones se interceptó una llamada telefónica, el 27 de julio de 2000, entre Matanzas y Maitane Ménez, responsable de comunicación de las gestoras, en la que el primero habló de la conveniencia de difundir públicamente el nombre de un funcionario de prisiones destinado en El Puerto de Santamaría (Cádiz).

Brindis por un asesinato

También en una conversación con su mujer, Matanzas comentó que, 'para celebrar la muerte de José María Martín Carpena', concejal del PP en Málaga asesinado por ETA, se había ido a 'tomar dos cacharros' en la txozna de las gestoras, en las fiestas de Sopelana (Vizcaya).

La decisión de dejar en libertad a la mitad del aparato de Ekin que sigue en prisión coincide con un informe de la fiscalía de la Audiencia Nacional en el que el fiscal Enrique Molina pide la ilegalización de Ekin -cuya situación actual es de alegalidad, al no estar registrada-, basándose en el artículo 520 del Código Penal que prevé la posibilidad de que los jueces disuelvan las asociaciones ilícitas.

Según fuentes jurídicas, con la ilegalización de Ekin se conseguiría que les resultara imposible convocar manifestaciones u otro tipo de actos públicos que hoy pueden realizar.