La sentencia de los funcionarios, sin fondos

El Ministerio de Hacienda no tiene intención de provisionar la sentencia de la Audiencia Nacional que anuló la congelación salarial de los funcionarios aplicada por el Gobierno del PP en el año 1997. Esta decisión supone ignorar la advertencia que la Comisión Europea hizo a España en su análisis sobre el Plan de Estabilidad (2000-2004).

La Comisión alertó sobre que un revés de cientos de miles de millones de pesetas en el caso de una sentencia definitiva adversa haría peligrar el objetivo de déficit cero.

Al respecto, el servicio de Estudios del BBVA señala en su último informe de coyuntura que el coste para las arcas públicas se situaría entre 360.000 y un billón de pesetas, dependiendo de si la sentencia se aplica sólo al Estado o también a comunidades y ayuntamientos.

Los cálculos oficiales se acercan a los 250.000 millones, ya que se no se consideran afectados a los funcionarios municipales, a las fuerzas de seguridad del Estado y a las fuerzas armadas.

En cualquier caso, no se espera que el pronunciamiento del Tribunal Supremo ante el recurso presentado por el Abogado del Estado hace unos días se produzca hasta dentro de al menos dos años. Las consecuencias económicas, en su caso, se producirían en esa fecha, que es cuando nacería la obligación de pagar los atrasos.

Hacienda confía, sin embargo, en que el Supremo pueda decidir antes del próximo verano si se produce un agrupamiento de causas, y da por seguro un pronunciamiento favorable.