El Estado ajusta el déficit mediante recortes en inversiones e investigación

Frente a los billonarios planes de infraestructuras e innovación tecnológica que anuncia de forma recurrente el Gobierno, la realidad de las cifras es bastante más modesta. Al menos, en lo que se refiere al gasto directamente gestionado por el Estado o transferido al resto del sector público para las partidas de infraestructuras y ayudas a la investigación.

La cifra empleada el pasado año en la producción de estos bienes públicos ascendió a 1,19 billones de pesetas, algo por debajo de de la correspondiente al año anterior (1,20 billones) . Con la excepción del año 1997, en el que se aplicó un severo recorte de las inversiones para conseguir aprobar el examen del euro, la cifra del año 2000 es la más baja desde 1993.

Además del contraste que puede existir entre lo que se hace y lo que se dice, el problema de fondo es si con estas cifras se logra la convergencia real con los países del euro a través de mejoras en la productividad. Un reciente informe de la Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS) analiza ese acercamiento en las dotaciones de capital (físico e intangible) y concluye que se camina en dirección contraria.

'Se ha podido observar una ralentización de los esfuerzos de inversión, sobre todo en los ámbitos de infraestructuras y las actividades de I+D, que pueden poner en peligro las posibilidades de crecimiento futuro de nuestra economía', dice el informe. Desde el punto de vista de las rentas (nivel de vida), la convergencia apenas supera el 80% (media UE=100).

Los grandes planes

En opinión de Hacienda, las cifras no se pueden analizar de forma aislada. La cantidad directamente invertida por el Estado o transferida por éste a las demás administraciones (central, autonómica y local) se mantiene prácticamente congelada en los últimos años, pero al mismo tiempo se han creado una serie de organismos satélite que reciben préstamos o aportaciones patrimoniales con este fin.

El ejemplo más claro es el del ente público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF), que el pasado año recibió 123.000 millones de pesetas. El Ministerio de Ciencia y Tecnología, por su parte, ha obtenido préstamos de 110.800 millones para el desarrollo de proyectos tecnológicos.

La ventaja de este tipo de gastos es que no cuentan a efectos de déficit, ya que se incluyen como operaciones financieras. Pero el problema es que su seguimiento a efectos de conocer cuánto se gasta realmente en I+D e infraestructuras desde el sector público es prácticamente imposible. Tampoco se puede saber el grado de cumplimiento de los macroplanes ni existe un control parlamentario.

Para el año 2000, incluidas tanto las aportaciones financieras como las no financieras para infraestructuras e investigación, las dotaciones se situaron en 1,2 billones de pesetas y en 507.000 millones respectivamente, con incrementos del 7,9% y del 10,3% en cada caso. Para 2001, las cifras son de 1,3 billones y de 582.000 millones, con aumentos del 3,7% y del 1,6%; es decir, por debajo de lo previsto para 2000. El grado de ejecución de estas cifras es desconocido.

El recorte producido en estas partidas que alimentan el tejido económico y su desplazamiento a otros entes, es una de las principales decisiones políticas que explican el saneamiento de las cuentas públicas en estos años. La otra fuente de ahorro ha venido de los intereses de la deuda (un gasto no financiero), aunque en este caso se trata de algo que no está bajo el control absoluto del Gobierno.

Según las cifras oficiales, los pagos por intereses de la deuda ascendieron en 2000 a 2,94 billones de pesetas, un 7,2% menos que el año anterior. Estos casi 230.000 millones de pesetas de ahorro se han obtenido por la caída de los tipos de interés que se produjo en el año 1999. También, por las operaciones de canje de deuda efectuadas y por un cambio en los criterios contables que ha desplazado hacia el pasado el coste de las emisiones.