Una capital en marcha

El sugerente artículo de Pascual Maragall Madrid se va ha suscitado una interesante polémica en la que se han planteado las cuestiones fundamentales que afectan a nuestra Comunidad: su inserción en el Estado, su identidad, sus prioridades políticas... ¿Se va Madrid de una España de las autonomías en la que no se siente cómoda, en busca de contextos más competitivos que le permitan ganar cuota de mercado para sus empresas y consolidar su presencia internacional, o, por el contrario, Madrid se queda en este Estado cuasi federal, del que se siente impulsor y constructor solidario?

Pero ¿qué hay que entender por Madrid? En ocasiones -recordemos la célebre 'bota de Madrid', tan citada por el nacionalismo vasco- es un concepto político compendio de todos los males de un Estado centralista y autoritario. Sin embargo, no olvidemos que Madrid es además una ciudad -capital del Estado- y la Comunidad Autónoma en la que se desarrolla una parte sustancial de la vida política, económica y social de los madrileños.

La identidad de Madrid es indisociable de su condición de capital de la España plural

En consecuencia, la discusión tiene diferentes niveles. Frente a la tentación de presentar el debate sobre la idea de España en términos 'territoriales' (modelo vasco, catalán, madrileño), considero preferible partir de tres modelos: el centralista, vigente hasta la promulgación de la Carta Magna; el constitucional, y el nacionalista-soberanista, partidario de modificar la Constitución y reconocer el derecho a la autodeterminación, todos ellos con defensores y detractores por toda la geografía española.

¿Qué modelo preferimos los madrileños? Me parece importante destacar que la España constitucional es una España plural en un doble sentido: asume que coexiste una pluralidad de nacionalidades y regiones en su seno, y asume que todas esas nacionalidades y regiones son a su vez plurales. No supone la consagración de una pluralidad de identidades monolíticas, sino la proclamación del deseo de los españoles de hacer descansar nuestra convivencia en el respeto de la pluralidad cultural, lingüística, religiosa e ideológica que caracteriza nuestras diferentes realidades.

Por ello, en pocas comunidades españolas está tan asumido lo que ha dado en llamarse el 'patriotismo constitucional' como en Madrid, pues, por mor de las circunstancias, nuestra comunidad hace descansar su convivencia en los valores que definen nuestra Constitución. ¿Puede una comunidad en la que, por poner un ejemplo, abundan los Jordis, Itziar, Montserrats, desconocer la realidad plural española?; ¿una comunidad receptora y beneficiaria de la contribución de personas de toda España puede convertirse en una instancia uniformadora enemiga de la pluralidad característica de nuestro país? Pero además, felizmente, para ser madrileño no hay que asumir ningún patrón de comportamiento, pues no existe nada parecido a lo que sería un 'buen madrileño'. Por ello, en el Madrid de inicios del siglo XXI, no sólo la España de las autonomías es una realidad asumida naturalmente, sino que las propias señas de identidad de este Madrid son indisociables de su condición de capital de esa España diversa y plural.

En segundo lugar, se plantea el modelo de comunidad de Madrid que los madrileños queremos. Sabemos que ésta no fue fruto de una reivindicación sentida de la ciudadanía basada en la defensa de unas señas de identidad propias, sino que obedeció a la voluntad de dar una respuesta satisfactoria y armónica a la inserción de la capital del Estado en el nuevo marco autonómico, llevando a Madrid las ventajas del proceso de descentralización política y administrativa característico del modelo constitucional. Por ello, nuestra Comunidad se justifica en la medida en que alcance ese doble objetivo: primero, garantizar que la ciudad de Madrid cumpla satisfactoriamente con su condición de capital de un Estado autonómico, y se erija en esa ciudad representativa de la nueva España, punto de encuentro para todos los españoles, abierta, dialogante, plural, moderna, próspera, solidaria, que intenta evitar los enfrentamientos territoriales y lucha por la cohesión; y segundo, prestar de manera eficiente, igualitaria y solidaria los servicios públicos que los madrileños demandan.

En este último punto, la situación deja mucho que desear, y no sólo -como decía Leguina- por la inhabitabilidad de nuestra ciudad, sino también porque la política llevada a cabo por Ruiz-Gallardón ha carecido de objetivos de integración y cohesión y ha supuesto un constante debilitamiento del Estado de bienestar que los gobiernos socialistas habían construido y un incremento de los desequilibrios sociales y territoriales: la crítica situación de la educación pública, la nula sensibilidad manifestada ante los problemas de los sectores sociales más desfavorecidos (menores, discapacitados, tercera edad, inmigrantes), o la práctica desaparición de suelo destinado a viviendas protegidas en la ciudad de Madrid lo confirman. Por otro lado, el vaciamiento democrático de la actividad parlamentaria, el dirigismo cultural o la deriva autoritaria manifestada en la destitución del director de Telemadrid, muestran que Madrid no es hoy esa comunidad abierta, plural, dinámica, participativa y tolerante por la que trabajaron Tierno, Barranco y Leguina.

Tiene razón Ruiz-Gallardón cuando proclama que Madrid se queda para trabajar a favor del bienestar de toda España; pero debemos recordarle que es su responsabilidad garantizar servicios públicos eficientes e igualitarios a los madrileños, y que en ese campo Madrid no puede quedarse quieta. Estoy convencido de que seremos los socialistas los encargados de ponerlo en marcha.

Jesús González Amuchastegui es profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Complutense y militante de la Federación Socialista Madrileña.