Cerca de 5.000 personas se manifiestan en Pego para pedir la dimisión del alcalde Carlos Pascual

Cerca de 5.000 personas, según la Policía Local y la Guardia Civil, recorrieron la tarde de ayer las calles de Pego para denunciar las actitudes 'antidemocráticas' del independiente Carlos Pascual al frente del Ayuntamiento y exigir su 'dimisión' por 'no representar dignamente al pueblo'. La manifestación había sido convocada por los tres partidos de la oposición, Bloc, PSPV y PP, para exigir el retorno de 'la libertad de opinión, del derecho a la participación política, a la libertad sindical, y a la educación y a la justicia', ausentes en el municipio desde que Carlos Pascual gobierna en el Ayuntamiento.

Los seis concejales de la oposición de Pego encabezaron la marcha que partió a las 20 horas de la plaza del Ayuntamiento con una pancarta bajo el lema: Per la democràcia a Pego, alcalde dimissió. Se sumaron asimismo a la protesta varios diputados provinciales y autonómicos, entre ellos Jaume Castells (PSPV), Sebastià Garcia (Bloc) y Juan Roselló (PP), el secretario de organización del PSPV-PSOE, Vicent Sarrià, miembros de Esquerra Nacionalista del País Valencià, y las agrupaciones sindicales UGT, CC OO y de enseñanza STEPV. Pero uno de los colectivos más numerosos era el de la Policía Local, que portaba una pancarta en la que se leía: Alcalde dictador, de los malos el peor. Este colectivo respaldaba así a los miembros de la policía de Pego que el pasado febrero se concentraron frente al Ayuntamiento para protestar por el expediente que Pascual mantiene abierto contra el jefe del colectivo, Gonzalo Vicens, quien denunció al primer edil por una supuesta 'agresión física', y el agente Rafael Moll, ambos suspendidos de empleo y sueldo.

El primer edil respondió a las críticas abriendo otros tantos informes disciplinarios a los 17 miembros que conforman la plantilla policial por participar en la protesta. Ayer, la mayoría de ellos secundaron la marcha. 'Ningún funcionario municipal se ha adherido a la protesta por miedo a represalias', lamentaba Rafael Moll, que además de agente de la policía es el representante municipal de personal.

Pero la sorpresa la dieron los cientos de vecinos de Pego que se fueron sumando a la marcha mientras recorría las calles del municipio. La marcha transcurrió sin incidentes a pesar de que en un momento de la manifestación unos jóvenes salieron al paso de la protesta con banderas de España en las que se leía Viva Barret (apodo con el que se conoce al alcalde en el municipio). En el recorrido, amenizado con una banda de música, los participantes lanzaron gritos animando a la gente que se asomaba a las ventanas y a los comercios a sumarse a la marcha. 'No miren, participen', increpaban. Al finalizar el recorrido Mari Carmen Alemany, una profesora de la Universidad de Alicante natural de Pego, leyó un comunicado en nombre de la organización. Alemany manifestó que el acto era una muestra de 'educación política, y no de imposición'. 'La de hoy [por ayer]', añadió, 'ha sido una expresión por parte de este pueblo de que queremos cambiar su presente para construir un futuro mejor, con tolerancia, sin miedo a decir lo que piensa, sin miedo a que las leyes impuestas le cambien un futuro con libertad'.

Al final el acto de protesta, los tres partidos de la oposición coincidieron en manifestar su satisfacción por la respuesta ciudadana a la convocatoria: 'Esto es el inicio del retorno de la dignidad a Pego', señaló el portavoz del PSPV, Agustí Selfa. El concejal del Bloc Ximo Tur lamentó que 'todavía exista miedo' entre la mayoría de ciudadanos a manifestarse contra el alcalde. Por su parte, el edil del PP, Eduardo Siscar, instó a Carlos Pascual a 'recapacitar' y cambiar su actitud 'porque hoy [por ayer] se ha demostrado que el camino que ha escogido no es el adecuado'.

Viejos aliados

Esta no es la primera vez que los miembros de la oposición de Pego se unen contra Pascual. En febrero del pasado año, presentaron una denuncia ante el juzgado de instrucción de Dénia en la que acusaban al primer edil de un supuesto 'delito contra los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Española' al negarles la palabra en un pleno. La situación que el PSPV, Bloc y PP recriminan empezó en mayo de 1995, cuando Pascual, entonces candidato de Unión Valenciana, se hizo con la alcaldía, gracias al apoyo del PP. Pascual estrenó su gestión aumentando el sueldo a los concejales de su equipo de gobierno y poniendo a los objetores de conciencia del municipio a controlar los vehículos en la zona azul y el tráfico. Después llegarían los insultos en los plenos a los miembros de la oposición. 'Cuando te cabreas me da un orgasmo', dijo en una ocasión el alcalde lanzó a un concejal del PSPV. En las últimas elecciones, esta vez como independiente, Pascual consiguió una abrumadora mayoría absoluta, 11 de los 17 concejales del consistorio, y endureció su actitud siempre con el argumento de que 'las urnas le habían dado el apoyo a su gestión'. Desde hace más de un año convoca los plenos extraordinarios a las siete de la mañana, y se ha enfrentado con la Guardia Civil, a la Asociaciones de Padres de Alumnos de los centros educativos del municipio y con la Policía Local. Sobre Pascual pesan además más de cuarenta denuncias en los juzgados de primera instancia de Dénia.