La venta de Santa Bárbara costará al Estado 25.000 millones de pesetas

El Gobierno dio ayer luz verde a la venta de Santa Bárbara a General Dynamics, aprobada por el Consejo de Administración de SEPI el 13 de abril del año pasado. Según fuentes próximas a la negociación, la firma del contrato se demorará varias semanas, pues aún deben cerrarse los flecos pendientes. Sólo al final del proceso, agregaron las mismas fuentes, se sabrá con precisión su coste para las arcas públicas, que Cabanillas cifró ayer en 25.000 millones de pesetas. La SEPI no ha detallado el desglose de esta cantidad, aunque EL PAÍS lo ha reclamado reiteradamente.

La SEPI ha prometido a General Dynamics liquidar la deuda de Santa Bárbara, que asciende a 15.400 millones de pesetas; asumir las pérdidas (4.922 millones el año pasado) hasta el momento de la transferencia; invertir 3.000 millones de pesetas; y aportar fondos para adaptar las factorías a la normativa mediambiental, en torno a otros 3.000 millones.

Por su parte, General Dynamics se ha comprometido a mantener la plantilla actual (2.022 personas), tanto globalmente como por centros de trabajo; permanecer en el accionariado de Santa Bárbara, en posición de control; y mantener unos fondos propios mínimos del 75% del balance de referencia. Estos compromisos tienen una vigencia de cinco años y el incumplimiento de cada uno de ellos daría pie a una multa de 10 millones de euros (1.663 millones de pesetas).

La penalización prevista es de la mitad (832 millones de pestas) si incumple su compromiso de invertir 9.983 millones de pesetas en la empresa o, en su defecto, pagarlos a la SEPI. El incumpliento del compromiso de General Dynamics de aportar pedidos por valor de 13.800 millones de pesetas en cuatro años no tiene multa.

La actual cartera de pedidos de Santa Bárbara supera los 300.000 millones de pesetas, correspondientes en su mayor parte al programa del carro de combate Leopard, que General Dynamics llevará adelante tras haberse firmado, el pasado día 21, el acuerdo de protección de tecnología entre SEPI y Krauss Maffei, propietaria de la patente.

Cabanillas insistió ayer en que la oferta estadounidense era 'la mejor' y aseguró que la alemana obligaba a un ajuste de plantilla de casi el 40%.

Por su parte, el presidente asturiano, el socialista Vicente Álvarez Areces, criticó la privatización, alegando que, por su carácter 'estratégico dentro de la industria de Defensa', Santa Bárbara, con dos fábricas en Asturias, debía haberse mantenido en el sector público o integrarse en un consorcio europeo, sin perder tal condición, informa Javier Cuartas.