El Senado vota la gran reforma de la financiación de partidos en EE UU

John McCain, el tenaz senador republicano de Arizona, estaba anoche a un paso de conseguir su objetivo: la aprobación por el Senado de EE UU de su reforma de la financiación de las campañas políticas. Para desesperación de su correligionario George Bush, poco partidario de esta reforma y más interesado en que el Senado debata su propuesta de recorte de impuestos, McCain ha conseguido que su iniciativa acapare el debate parlamentario.

El proyecto de ley de McCain, que iba a ser sometido a la votación del pleno la pasada madrugada o a lo largo de hoy, prohibe el llamado soft money, el dinero que empresas, sindicatos, grupos de presión y millonarios entregan indirectamente a los partidos políticos para que éstos lo dediquen a sus 'actividades generales'. Ese dinero, que no tiene límites, es destinado en la práctica a apoyar con publicidad televisiva a los candidatos a cargos públicos, y en los últimos años se ha convertido en la pieza clave de las campañas electorales. McCain también propone prohibir en los dos meses anteriores a la cita con las urnas los llamados 'anuncios temáticos' colocados directamente por los grupos de presión para apoyar o desacreditar a los candidatos.

McCain ha conseguido derrotar en el Capitolio varios intentos para aguar su proyecto, uno de ellos impulsado por Bush. Una posible mayoría favorable a sus tesis se forjó el miércoles, cuando el Senado, por 84 votos a favor y 16 en contra, votó a favor de doblar la cantidad que los ciudadanos pueden dar directamente a los candidatos. Ese dinero, llamado hard money, pasa de 1.000 dólares a 2.000 dólares (de 180.000 a 360.000 pesetas). Con este matiz, la prohibición del soft money parecía anoche realizable.

Bush ha anunciado que firmará el proyecto de McCain si consigue la mayoría. Pero al presidente no le hace feliz el que el senador que le desafió en las primarias republicanas del pasado año esté marcando la agenda política de Washington. La reforma de la financiación, denunciada como un ataque a la libertad de expresión por varios políticos y grupos de presión, terminará en manos del Tribunal Supremo de EE UU.