El Congreso argentino otorga al ministro Cavallo poderes especiales
El Congreso argentino concedió ayer, con algunas limitaciones, las facultades especiales por el plazo de un año que el poder ejecutivo reclamaba a instancias del ministro de Economía, Domingo Cavallo, para hacer frente a la crisis que atraviesa la economía del país.
En 12 horas de sesión, entre la noche del miércoles y la madrugada de ayer, la mayoría de los senadores cumplió el compromiso político pactado entre los jefes de los grupos parlamentarios y aprobaron el proyecto de ley tal como había sido corregido por los diputados para evitar más trámites parlamentarios y demoras.
El ministro tiene atribuciones ahora para modificar todas las leyes que a su criterio 'perjudiquen la competitividad de la economía', con la restricción de las de Convertibilidad -que dispone la paridad cambiaria del peso con el dólar- y de los códigos básicos, Civil, Minería, Comercio, Penal, Tributario, Laboral, Previsional, Salud, de las asignaciones familiares y del empleo público. A su poder discrecional quedan sometidas las leyes que regulan las entidades financieras, las que impiden la consolidación de monopolios, las de defensa de los consumidores, las de promoción industrial, las de apoyo a las pequeñas y medianas empresas y las de concurso de acreedores y quiebras.
Aumento de tasas
Ya con equipo económico confirmado y flamantes superpoderes, Cavallo puede aumentar las tasas de algunos impuestos, eliminar las excepciones y rebajar otros tributos. El ministro dijo que el próximo año la recaudación fiscal se basaría en el impuesto al valor añadido (IVA), que tiene actualmente una tasa del 22%, y en el impuesto a las ganancias, del 35% sobre los beneficios netos. Por ahora, el IVA y el impuesto a las ganancias se extenderán a casi todas aquellas actividades que estaban eximidas de pagarlos o que tenían tasas menores, llamadas diferenciales.
El Ejecutivo puede ahora, a petición también del ministro Cavallo, modificar a gusto la llamada Ley de Ministerios y, en consecuencia, cambiar la organización de la Administración pública, eliminado carteras, imponiendo fusiones y cerrando secretarías o direcciones generales. Más de cien entes autárquicos y descentralizados, como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el de Tecnología Agropecuaria, la Lotería Nacional, el multimedios del Estado que integran una agencia de noticias, una cadena de televisión y Radio Nacional, entre otros, pueden ser traspasados a empresas privadas.
El Congreso recortó en parte las facultades que reclamaba el Ejecutivo. Cavallo no podrá despedir a empleados públicos, privatizar el Banco de la Nación, otras entidades financieras o empresas públicas, la agencia de recaudación de impuestos, la Universidad y el servicio de asistencia social a los jubilados. Pero en algunos casos -como el cobro de impuestos- podría ceder a terceros parte de la gestión. Cavallo no logró tampoco que le autoricen a garantizar el pago de la deuda externa con bienes o recursos del Estado.
