El Parlament insta a que no suban los peajes cuando se reinstaure el IVA

El Gobierno central y el de la Generalitat no han decidido todavía cómo aplicarán la sentencia europea, pero todos los partidos votaron ayer en el Parlament la moción que les insta a 'evitar que recaiga sobre el usuario'. De las intervenciones se deduce que no todos entendían lo mismo. Mientras que CiU opina que el dinero tiene que llegar del Gobierno central, que es al fin y al cabo el que se queda los impuestos, el resto de las formaciones creen que el Ejecutivo central se rascará el bolsillo para sus concesiones, y el catalán, para las suyas.

Otro de los acuerdos adoptados por unanimidad en esta moción insta al Gobierno catalán a establecer un nuevo sistema de revisión de los peajes que tenga en cuenta, en favor de los usuarios, los aumentos del tráfico que superen las previsiones de los concesionarios.

El debate de esta moción, presentada por el diputado Joan Ridao, de Esquerra Republicana (ERC), rompió la habitual alineación de la Cámara en el bloque de derechas y el de izquierdas. Los diputados del PSC-Ciutadans pel Canvi y de Iniciativa-Verds se abstuvieron en la votación de seis de sus siete puntos. Lo hicieron, según explicaron después, para dejar constancia de su malestar por la 'apropiación' por Ridao de los acuerdos del citado grupo de trabajo, del que forman parte todos los partidos.

La moción fue apoyada por los diputados de CiU y del PP después que Ridao aceptara sustituir la propuesta de eliminación de los peajes por una redacción que habla sólo de reducirlos. De acuerdo con esta moción, el Gobierno catalán ha de definir en seis meses, en coordinación con el Gobierno central, un modelo de infraestructuras viarias para el próximo quinquenio que tienda a 'igualar progresivamente' la proporción de vías rápidas gratuitas y de peaje de Cataluña con el promedio de las existentes en España.

También incluye la adopción en seis meses de un plan de actuación con los objetivos siguientes: homogeneización y reducción de los peajes; determinación del coste económico del rescate total o la supresión en los tramos de mayor incidencia; fijación de prioridades para emprender el rescate total o parcial de algunos tramos.

Paralelamente, el diputado socialista Germà Bel presentó ayer para su discusión en el Congreso una propuesta que reclama nuevas rebajas en los peajes catalanes dependientes del Gobierno central.

Hace poco más de un año, el Gobierno central anunció una rebaja del 7% en las autopistas catalanas, pero no la aplicó de forma lineal, sino que optó por eliminar algunos peajes, entre ellos el de la B-30 y las circunvalaciones de Girona y Tarragona. Bel cree que el 7% da para más por varios motivos. Primero, sobra dinero, y segundo, y más importante, porque alguns rebajas han supuesto incrementos de tráfico y, por consiguiente, mejoras en la recaudación de la concesionaria. Compensarle por todo supondría, cree Bel, una barbaridad contra el Estado, que habría inventado, para decirlo en palabras del secretario general de Comisiones Obreras en Cataluña, Joan Coscubiela, el 'empresario sin riesgo'.

Bel recuerda en su propuesta que hace dos semanas que el Ministerio de Fomento aplicó una rebaja del 7%, también selectiva, en la autopista que cruza la Comunidad Valenciana y pide medidas similares para el resto de las autopistas del Estado, y en especial para las que discurren por el territorio de Cataluña.

Asimismo Germà Bel reclama que se hagan públicas las cantidades que reciben las concesionarias en compensación por los descuentos aprobados en el último convenio.