Chirac exige inmunidad frente al juez que investiga un caso de financiación ilegal

Chirac exigió actuaciones inmediatas al primer ministro, Lionel Jospin, y éste se limitó a abrir una investigación para saber de dónde partió la filtración de que el presidente había sido citado, dato en principio amparado por el secreto del sumario.

Según la interpretación de la jefatura del Estado, el hecho de que un juez convoque a declarar al presidente es 'contrario tanto al principio de la separación de poderes como a las exigencias de continuidad del Estado'. El propio Chirac ya contaba con la posibilidad de una cita judicial, a tenor de las declaraciones que hizo a la cadena de televisión TF1 el 14 de diciembre pasado, en las que anticipó que no prestaría testimonio porque el jefe del Estado 'no puede estar sometido ni al poder legislativo, ni al poder judicial, ni al poder militar'.

Fue el diario Le Parisien el que reveló ayer que el juez Eric Halphen había convocado al presidente 'a su despacho', por medio de una carta. El juez pretende interrogar a Chirac por hechos de la época en que era primer ministro y alcalde de París relacionados con las adjudicaciones de obras en viviendas sociales del Ayuntamiento de la capital. Esas actuaciones, abiertas siete años atrás, fueron archivadas provisionalmente por falta de pruebas y reabiertas hace sólo unos meses, al hacerse público un testimonio póstumo de Jean-Claude Méry, el financiero oculto del partido neogaullista Unión por la República (RPR).

En esa confesión, conocida sólo después de la muerte del autor, Méry daba cuenta de las maniobras realizadas para extraer fondos a los adjudicatarios de obras y atribuía a Chirac haber presenciado una entrega de cinco millones de francos (125 millones de pesetas) en 1986. Méry montó todo el tinglado de extracción de fondos 'por cuenta de Jacques Chirac', precisando que el dinero obtenido no era para su bolsillo personal, sino un medio de financiación política ilegal, según su versión.

El autor de este testimonio había sido detenido en septiembre de 1994 por orden del juez Halphen -el mismo que ha citado a Chirac- y permaneció en prisión provisional hasta marzo de 1995, periodo en el cual no quiso declarar. El juez archivó las actuaciones por falta de pruebas, pero las reabrió al difundirse, en el diario Le Monde, la confesión que Méry había grabado tras salir de la cárcel.

Según la Constitución francesa, el presidente 'no es responsable de los actos cometidos en el ejercicio de sus funciones más que en caso de alta traición', y en ese supuesto sólo puede ser acusado por el Alto Tribunal de Justicia, una jurisdicción política integrada por 12 diputados y 12 senadores.

La instrucción de sumarios judiciales que rozan a Chirac han provocado dos aclaraciones por parte del Consejo Constitucional. La primera de ellas confirmó, en 1999, la inmunidad del presidente salvo en caso de alta traición, y la segunda, el año pasado, puntualizó que el jefe del Estado no queda exonerado de toda responsabilidad penal, pero sí goza de un 'privilegio de jurisdicción', que circunscribe su procesamiento al alto tribunal citado.

Testigo

Así pues, un simple juez de instrucción no puede procesar al presidente ni imputarle delitos. Lo que ha hecho el juez Halphen es citarle a declarar 'como testigo'. Y en esa actuación el magistrado se vio respaldado ayer por las dos principales asociaciones de jueces, una de signo conservador y la otra centrista, cuyos presidentes declararon que no se comprende cómo es que 'el primer magistrado de Francia' no ayuda a la justicia a 'cumplir su misión', en palabras de Dominique Matagrin, presidente de la asociación más conservadora.

Toda la oposición de centro-derecha cerró filas con Chirac y atribuyó a manipulaciones políticas la espectacular iniciativa del juez Halphen, un 'acto ilegal y mediático', según el portavoz del RPR, Patrick Devedjian. Desde el Partido Socialista se sugiere la necesidad de reformar la inmunidad presidencial. El paso dado por este juez se suma a las iniciativas que están tomando otros colegas, uno de los cuales ha registrado ya por dos veces el Quai d'Orsay (la sede del Ministerio de Exteriores) en busca de indicios sobre una supuesta intervención del ministro Hubert Védrine en el arreglo de problemas con el fisco por parte del traficante de armas Pierre Falcone.