El PSOE presenta una Ley de Víctimas que excluye a terroristas y torturadores

El secretario general del PP, Javier Arenas, declaró ayer a este periódico: 'El PSOE no ha negociado con el PP la presentación de esta propuesta, pero tampoco abriremos una polémica'. El Grupo Parlamentario del PP, al que cogió de sorpresa la iniciativa socialista, no se pronunció con el argumento de que su portavoz, Luis de Grandes, se encontraba en México. Fuentes del Gobierno se limitaron a señalar que la propuesta socialista se afrontará 'en trámite parlamentario', aunque interpretaron que 'con esta propuesta, el PSOE admite que cuando el Gobierno concedió al comisario Manzanas la condecoración, se ajustó a la ley, pues de otro modo no hubiera sido necesario proponer su modificación'.

El portavoz socialista, Jesús Caldera, recordó ayer que la aplicación de la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo, de octubre de 1999, ha tenido 'efectos indeseados' con la concesión, el pasado enero, por el Consejo de Ministros, de la Gran Cruz del Mérito Civil al policía franquista y torturador Melitón Manzanas. A partir de ese momento, el PSOE planteó al PP la apertura de una negociación para modificar la ley y evitar que volviera a producirse un caso similar.

Aunque no hay pendientes de tramitación casos tan sonoros como el de Manzanas, sí es cierto que entre las víctimas del terrorismo de ETA, en los años sesenta y setenta -y, por tanto, susceptibles de percibir a título póstumo una condecoración-, figuran algunos funcionarios policiales que se destacaron como torturadores en el franquismo. También un caso de gran responsabilidad política con la dictadura: el del almirante Luis Carrero Blanco, presidente del Gobierno con el franquismo y asesinado por ETA en diciembre de 1973. Asimismo figuran como víctimas del terrorismo algunos militantes de ETA asesinados por los GAL en los años ochenta.

El portavoz del PP, Luis de Grandes, pretendió limitar la reforma a una modificación del reglamento de la ley, pero el representante del PSOE, Jesús Caldera, consideró 'insuficiente' esta propuesta y le emplazó a cambiar la ley. Según manifestó Caldera, a la vista de que el PP, pasadas unas tres semanas, no ha contestado a su oferta negociadora, ha optado por presentar una propuesta en el Congreso para modificar el texto legal.

La proposición que los socialistas han registrado en la Cámara modifica el punto 3 y añade un nuevo punto, el 4, al artículo 4. El punto 3 decía: 'El Gobierno, previa solicitud de los interesados o de sus herederos, concederá las condecoraciones contempladas en este artículo en el grado de Gran Cruz, a título póstumo, a los fallecidos en actos terroristas, y, en el Grado de Encomienda a los heridos y secuestrados en actos terroristas'. La nueva redacción añade la siguiente coletilla: 'En los que concurran los méritos cívicos y los valores democráticos amparados por la Constitución española'.

La propuesta socialista añade asimismo un nuevo apartado, el 4, al artículo 4, para puntualizar lo siguiente: 'Las mencionadas condecoraciones en ningún caso podrán ser concedidas a quienes, en su trayectoria personal o profesional, hayan mostrado comportamientos contrarios a los valores representados en la presente ley y a los Derechos Humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales'.

Argumentos a los radicales

Caldera expresó su confianza en que tanto el PP como los demás grupos parlamentarios asuman 'este cambio mínimo de la ley, que garantiza que no se repetirán efectos indeseados de la misma, como la condecoración al polícia torturador Manzanas'. Añadió que 'lo peor de la condecoración a Manzanas es que ha dado argumentos al nacionalismo vasco radical para descalificar al Estado democrático'.

Desde La Moncloa se recordaba ayer que Aznar ya adelantó que el Ejecutivo se había limitado a cumplir la Ley de Víctimas del Terrorismo y que había calificado de 'execrable' la conducta de Manzanas en su respuesta parlamentaria al portavoz de IU, Gaspar Llamazares. Aun así, la condecoración a Melitón Manzanas ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo por la asociación de abogados Adade (con la adhesión del PSOE), IU y los sindicatos UGT y CC OO.