Los geriátricos privados se rebelan contra la política de Bienestar Social

Cataluña es la comunidad en la que el Gobierno autónomo paga menos por una plaza de residencia para ancianos en los geriátricos de financiación pública, con una media entre 142.240 y 153.000 pesetas mensuales por plaza. Según datos recogidos por el PSC, Madrid constituye la otra cara de la moneda, ya que es la comunidad que mejor paga por plaza geriátrica, con un mínimo de 208.000 pesetas mensuales. En Cataluña, además, la mayor parte del coste lo sufraga el usuario con su pensión o sus hijos, de acuerdo con el decreto de precios de los servicios sociales.

Cuatro años después de entrar en vigor, el decreto sigue siendo fuertemente cuestionado. A las críticas de la oposición y de CC OO, se suman ahora las de los centros geriátricos privados que conciertan plazas con la Generalitat, agrupados en la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (ACRA). Estas entidades piden la derogación del decreto por considerarlo obsoleto y aseguran que la 'irrisoria' aportación de la Generalitat a las plazas privadas de financiación pública les conduce a una progresiva 'precarización' del sector. Mientras Bienestar Social paga al año más de un millón de pesetas anuales por cada plaza en una residencia propia, los centros privados sólo reciben 768.000 pesetas. A estas cifras hay que añadir en cada caso lo que se cobra a los usuarios, que Bienestar Social mantiene en secreto.

La Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (ACRA), que agrupa a 321 centros geriátricos propietarios del 75% de las plazas privadas financiadas con fondos públicos, acusa al Departamento de Bienestar Social de incrementar el número de plazas residenciales en Cataluña a costa del sector privado.

Acusan a la Generalitat de financiar cada vez más plazas concertadas 'con aportaciones irrisorias', lo que aboca al sector a una progresiva 'precarización'. 'La Generalitat falsea la realidad cuando se atribuye la creación de nuevas plazas, ya que no hace más que aprovecharse de la infraestructura privada y se ahorra la inversión necesaria para la creación de la plaza y el mantenimiento de la calidad del servicio', afirman fuentes de ACRA.

En Cataluña hay en la actualidad 41.996 plazas geriátricas, de las que 16.300 son financiadas con fondos públicos, según datos del Departamento de Bienestar Social de finales del año 2000. De las 4.600 plazas en residencias que la Generalitat programó entre el año pasado y el actual, un total de 2.900 se crearán mediante contratación de habitaciones en centros residenciales privados, en la mayoría de los casos a través de la fórmula del Servicio de Acogida Residencial (SAR). Se trata de un tipo de colaboración que la Generalitat no sólo mantiene cada vez más con centros privados sino también con los de titularidad municipal, mediante la cual la administración autonómica ayuda al usuario o a su familia a sufragar el coste del servicio hasta un determinado límite.

La asociación ACRA, así como el PSC y CC OO sostienen que la Generalitat opta cada vez más por este modelo porque le resulta 'mucho más barato' que crear plazas propias, ya que las ayudas que aporta 'son mínimas y se ahorra la inversión para crear la plaza y mantener la calidad del servicio'. Según datos de Bienestar Social, mantener una plaza propia le costó a la Generalitat una media de 1.153.000 pesetas al año, mientras que sólo pagó 768.000 pesetas anuales de media por cada plaza del programa SAR.

Nueva ley

Mientras la agrupación de geriátricos privados es partidaria de mantener la fórmula del Servicio de Acogida Residencial, aunque con un incremento notable de la aportación del Gobierno catalán a través de una 'puesta al día' del decreto de precios, el PSC exige la derogación de esta normativa. En una proposición no de ley que ha presentado en el Parlament, el grupo socialista pide que el actual decreto sea sustituido por una nueva ley que regule la financiación de los servicios residenciales. CC OO, que también se ha sumado a las críticas al decreto de precios, considera una 'salvajada' que esta normativa permita a la Generalitat constituir avales sobre la vivienda de los usuarios 'para cobrarse los servicios prestados' o que los ancianos se queden sólo con el 20% del salario mínimo interprofesional.

El PSC insta a la Generalitat a que establezca conciertos de colaboración con los ayuntamientos y con la iniciativa privada que garanticen una correcta financiación de las plazas sostenidas con fondos públicos. También piden los socialistas la elaboración de un plan plurianual de inversiones para la creación de nuevas plazas. La diputada socialista Marina Geli, destaca que para lograr las 3,5 plazas de financiación pública por cada 100 personas de más de 60 años -proporción que se aconseja en la Unión Europea-, Cataluña debería tener casi el doble de las actuales. Las 16.300 plazas de este tipo que hay en la actualidad deberían pasar a ser unas 30.000, según los cálculos de los socialistas.

El grupo socialista exige también que la Generalitat fije un tiempo máximo de espera para ingresar en una residencia geriátrica. El PSC se ha quejado ante el presidente del Parlament, Joan Rigol, por la negativa de Bienestar Social a revelar el tiempo actual de espera para acceder a una plaza geriátrica, una información que los socialistas han reclamado sin éxito en reiteradas ocasiones desde el mes de noviembre del año pasado.