Empantanados

El jueves, CiU votó en el Congreso a favor del Plan Hidrológico Nacional (PHN), 15 días después de que votara exactamente lo contrario en el Parlamento catalán. Entonces, el PP le castigó, dejándola en minoría en cuatro votaciones, e impuso al Gobierno catalán la retirada del mapa eólico y el cambio de sede para una central eléctrica que estaba previsto construir junto al Ebro. El portavoz de CiU, Xavier Trias, alegó que no votaba a favor del PHN, sino contra la propuesta socialista de devolución. Bien sabe que dos negaciones afirman y, por tanto, que su grupo apoyaba en Madrid lo que había rechazado en Barcelona.

CiU se justificó alegando que el Gobierno había accedido a negociar algunas de sus peticiones que harían aceptable el Plan Hidrológico. El PHN prevé trasvasar 1.050 hectómetros cúbicos del agua del Ebro. El Gobierno catalán defiende que esa cantidad se reduzca a 200 tomados del cauce del río y otros 400 que saldrían del agua que ahora tienen los regantes en concesión. Así, el trasvase moriría en Murcia y el agua prevista para Almería (95 hectómetros cúbicos) no saldría del Ebro, sino de una desaladora por construir. Barcelona y su área metropolitana obtendrían los 355 hectómetros del Ródano. Además, CiU defiende que las comarcas del Ebro sean compensadas con inversiones.

El problema es que a la misma hora en que CiU explicaba que esas condiciones eran el motivo para no rechazar el plan en el Congreso, el ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, aseguraba que, hoy por hoy, no hay pacto alguno entre el PP y CiU. Ni sobre compensaciones económicas ni sobre el Ródano. En efecto, la actitud del Gobierno y del PP en este asunto ha sido siempre la misma: CiU ya recibe una compensación suficiente por su respaldo al trasvase, el apoyo en el Parlamento catalán, donde Jordi Pujol se mantiene gracias a los votos de los 12 diputados populares.

Eso es tan evidente que el PP ni siquiera guarda el luto. Horas después de atornillar a los diputados nacionalistas recurrió ante el Tribunal Constitucional una de las piedras de toque de la política económica de Pujol: la ley que grava con un impuesto especial las grandes superficies, ese tributo pujolista en el altar del pequeño comercio. El PP mataba así dos pájaros de un tiro: defendía la visión unitaria de España (con el argumento de la unidad de mercado) ante sus sectores más antinacionalistas y deterioraba a su aliado convergente al impedirle cumplir los compromisos contraídos ante su electorado.

Es encomiable que el PP no quiera quedarse solo en la defensa del Plan Hidrológico. Los grandes proyectos de infraestructuras hidráulicas, ferrocarriles, aeropuertos o carreteras, que tanto influyen en la vertebración de un país, exigen un máximo nivel de consenso político y territorial, porque su desarrollo requiere plazos mayores a dos legislaturas y porque acaban encallando si no logran conjugar intereses distintos. Por eso, el PHN, sin los votos de CiU, tiene el riesgo de nacer muerto.

No es seguro además que tenga larga vida si se impone con la oposición de las tres principales comunidades (Cataluña, Aragón y Navarra) por las que discurre el Ebro. La ejecución del plan requiere al menos tres lustros, bastante más que lo que, previsiblemente, queda de mayoría absoluta. Así, el empantanamiento del PP en su rodillo trasluce más su prepotencia que una voluntad real de llevar el proyecto a buen fin. Con el riesgo de acabar suscitando, so pretexto de repartir el agua, tensiones territoriales que afecten precisamente a la cohesión y a la convivencia.