Precios competitivos, señales de información
El informe del Banco Central Europeo sobre la limitada liberalización del mercado energético europeo y sobre los efectos beneficiosos -vía control de los precios y mejora de la competitividad- que se derivarían de una mayor apertura, vienen a apoyar la propuesta realizada a comienzos de este mes por la Comisión Europea, cuyo objetivo principal es la liberalización total en 2005. El proyecto presentado a discusión en la cumbre de Estocolmo arranca con el rechazo de Francia, país que mantiene desde el comienzo del proceso liberalizador de ambos sectores, una de las posturas más inflexibles de la Unión, ciñendo la apertura de sus mercados a la estricta transposición de la Directiva Europea. Los objetivos de la Comisión no se limitan a la aceleración del calendario de liberalización, ya que la consecución de un mercado energético europeo precisa indefectiblemente del impulso de las interconexiones entre los diferentes mercados nacionales. Esta cuestión es de una importancia clave en el caso español, ya que la saturación de las líneas actualmente existentes entre Francia y España impiden el acceso a nuestro mercado de potenciales competidores del área.
Sólo la competencia permite que los precios contengan toda la información sobre el mercado
El impulso en las reformas estructurales necesarias para alcanzar un sector energético más competitivo debe ser uno de los objetivos prioritarios de la política económica de los países de la Unión, no sólo por los saludables efectos derivados en términos de presión a la baja en los precios y en la inflación, sino, aún más importante, porque sólo el funcionamiento de la competencia permite que los precios contengan toda la información necesaria sobre el mercado, para que puedan actuar como variables transmisoras de señales de actuación a los agentes del mercado.
La incapacidad de los precios para transmitir señales a productores y consumidores ha sido una de las causas de la crisis del sistema eléctrico californiano. Por el lado de la demanda, los consumidores, con tarifas eléctricas congeladas, no han podido reaccionar a tiempo al encarecimiento del suministro con una adaptación de sus decisiones de consumo de electricidad, que se han mantenido al margen del mercado. Por el lado de la oferta, la existencia de precios intervenidos bajo la forma de topes (caps) en el mercado mayorista, junto con la estricta regulación ambiental, han distorsionado las decisiones de inversión de los generadores.
El temor a que se produzca en nuestro país a largo plazo una crisis similar a la sufrida en California no es injustificado. El crecimiento en el consumo de electricidad de 25,3% en relación a 1996, ha sido evidenciado por las recientes manifestaciones de la directora general de Energía y Minas en las que urgía a los agentes del sector eléctrico a la construcción de nuevas centrales. La histórica sobrecapacidad del sistema eléctrico español ya no es tal. La eventualidad de un invierno más frío o con menor pluviosidad pueden situar a la isla eléctrica peninsular en una situación delicada en cuanto a fiabilidad del suministro. A pesar de que las solicitudes de permisos para la construcción de plantas de ciclo combinado en nuestro país ascienden ya a 30.740 megavatios, sólo están en fase de construcción 2.400. El elevado precio del gas, los dilatados plazos para la autorización y la incertidumbre regulatoria en el sector eléctrico retraen a los inversores.
Para promover la construcción de centrales, la retórica institucional no es suficiente, a menos que se acompañe de acciones que doten de una mayor seguridad al marco regulador. Hasta ahora, la normativa eléctrica ha estado más centrada en la consecución de objetivos macroeconómicos, que en su fin último de promover la competencia en el sector eléctrico y garantizar la calidad del servicio.
María Jesús Lago y Arturo Rojas son analista sectorial y socio-director, respectivamente, en Analistas Financieros Internacionales.
