El Gobierno recurre el impuesto a los 'hípers' pese al apoyo de CiU al trasvase del Ebro

El impuesto sobre las grandes superficies comerciales, aprobado en diciembre pasado por el Parlament, preocupa al Gobierno porque va contra el 'orden coherente' en la capacidad impositiva de las Comunidades Autónomas. Para el Ejecutivo de José María Aznar, el impuesto afecta a una fuente de riqueza que ya gravan los impuestos locales.

El portavoz del Gobierno, Pío Cabanillas, pidió que la decisión se interpretara como 'un ejercicio de neutralidad política', pero de poco sirvieron sus palabras. El Consejo de Ministros decidió recurrir el impuesto un día después de que CiU, que necesita del apoyo del PP en Cataluña, diera su apoyo al trasvase del Ebro. La oposición descargó ayer una lluvia de críticas.

El impuesto sobre los hípers, promovido por CiU, contó en su día con el apoyo de todas las fuerzas políticas de Cataluña, incluido el PP catalán, que ayer se refugió en las 'cuestiones jurídicas' para explicar el recurso.

El PSC-Ciutadans pel Canvi vio en la decisión del Consejo de Ministros, que según algunas fuentes ya habría tenido sobre la mesa el impuesto de la discordia hace una semana sin que llegara a aprobarse la decisión de recurrir, 'una desautorización' y un 'desprecio' al presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, así como al Partido Popular de Cataluña. Los independentistas de ERC hablaron directamente de una 'burla' del PP hacia CiU que muestra el talante 'antiautonomista' del Ejecutivo de Aznar.

El consejero de Economía del Gobierno catalán, Francesc Homs, 'lamentó' la decisión del Gobierno, que calificó de 'mala noticia para el mundo del comercio'. CiU dijo estar convencida de que el Tribunal Constitucional le dará la razón.

El impuesto sobre las grandes superficies prevé gravar a los establecimientos que superan los 2.500 metros cuadrados con 2.900 pesetas por metro cuadrado. La medida pretende compensar al pequeño comercio por los perjuicios que le causa la concentración de grandes superficies.

La Generalitat cuenta con recaudar 2.400 millones de pesetas al año por este impuesto, aunque la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) había elevado la cifra a 2.000 millones más. Su director general, Juan Arenas, reaccionó ayer con satisfacción porque el impuesto 'podría provocar la desmembración del sistema fiscal central'. Los grandes establecimientos habían advertido de que, ante la nueva carga, subirían los precios de sus productos, e incluso habían amenazado con desviar sus inversiones fuera de Cataluña. La Confederación de Comercio de Cataluña pidió ayer a la Generalitat que elabore 'una alternativa a la medida', tras mostrar su 'decepción'.