PP, PSOE e IU acuerdan no fiscalizar a los ayuntamientos en la Cámara de Cuentas

Desde que la Cámara de Cuentas se creó, el pasado 27 de diciembre, el PP había pedido que se comprobasen los presupuestos de los Ayuntamientos de Getafe, Rivas-Vaciamadrid, Fuenlabrada y Móstoles (todos gobernados por PSOE o IU); mientras que los socialistas habían exigido la comprobación de los documentos contables de Majadahonda, Villanueva de la Cañada y Las Rozas (los tres gobernados por el PP), e IU había reclamado lo mismo de las cuentas de Madrid (PP), Alcobendas (PSOE) y Villaconejos (independientes).

Cada semana que pasaba, el registro de la Asamblea de Madrid se iba llenando de nuevas y urgentes peticiones de fiscalización de las gestiones municipales. Los grupos políticos reclamaban con urgencia que la Cámara revisase, comprobase e investigase la gestión de los grandes alcaldes de la región. A una petición de investigación del PP seguía inexorablemente una del PSOE u otra de IU al día siguiente.

Ante esta situación, que amenazaba con colapsar la recién creada Cámara de Cuentas y con destapar numerosas irregularidades y deficiencias en todos los ayuntamientos de Madrid, las cúpulas regionales del PP, PSOE e IU han acordado en los últimos días 'retirar todas las peticiones de fiscalización'. Las únicas excepciones son una que afecta al Instituto Madrileño de Formación y Empleo (Imefe), entidad dependiente del Ayuntamiento de Madrid; y otra que afecta al Ayuntamiento de Fuenlabrada, donde el PP destapó que el interventor municipal, en vez de funcionario de carrera, era un cargo de confianza del alcalde.

'En el caso del Imefe, la fiscalización de sus cuentas, a la vista de las irregularidades detectadas por la comisión de investigación, está clara. Se han cobrado cursos de formación que no se han efectuado y los ciudadanos tienen derecho a saber el destino de estos fondos', manifestó Franco González, de IU. 'En Fuenlabrada, y a causa de la presión del PP, se ha decidido también revisar los documentos contables del Consistorio, aunque no se va a encontrar nada, porque es un ayuntamiento muy serio', añadió.

La seriedad, en entredicho

Este diputado explicó, además, el pacto entre los tres partidos: 'La Cámara de Cuentas se había convertido en el instrumento de venganza entre las formaciones políticas. Si el PP pedía que se fiscalizasen las cuentas de un ayuntamiento socialista, el PSOE replicaba al día siguiente pidiendo los documentos contables de otro municipio con alcalde popular. La seriedad de las instituciones quedaba gravemente en entredicho, porque las peticiones, excepto en algún caso más o menos justificado, carecían de cualquier justificación. Era una manera de echarse a la cara la gestión de los ayuntamientos', concluyó González.

Desde el PP se confirmó ayer lo manifestado por el diputado de IU. 'Las cúpulas de los partidos han llegado a este acuerdo porque los alcaldes afectados estaban muy enfadados. Las auditorías les exigen un gran esfuerzo y un tiempo del que carecen. Cuando éstas se requieren por algún tema más o menos claro, todos las aceptan de buen grado. Pero cuando es un tema puramente político', reconocen las fuentes del PP, 'las cosas se complican bastante y la Cámara de Cuentas pierde el sentido para el que fue creada'.

Según corroboraron representantes de los tres grupos parlamentarios, la Cámara sólo se encargará ahora de fiscalizar la documentación de los ayuntamientos y organismos públicos en los que haya 'indicios' de alguna irregularidad o en los que 'de oficio' el propio organismo crea recomendable su inspección.

Hace sólo dos meses, este organismo público requirió a la Asamblea, 'ante la falta de medios personales y materiales', que se habilitasen 200 millones de pesetas más con el 'fin de hacer frente a la los gastos de personal' y para tramitar 'los contratos necesarios para el funcionamiento' del ente. Desde hoy, cuando la retirada de las fiscalizaciones sea formalizada en la Comisión de Presupuestos de la Asamblea, sus responsables respirarán más tranquilos.

La Cámara de Cuentas, presidida por Ramón Muñoz Álvarez, está compuesta por siete representantes: cuatro por el PP, dos por el PSOE y uno por IU.