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AULAS

Un instituto de Granada instala cámaras para controlar el acceso de personas ajenas al centro

Educación considera 'poco común' la medida, pero la acepta porque 'mejora la convivencia'

La operación de instalación de las cámaras se ha iniciado ya. Una supervisará el acceso de vehículos al aparcamiento particular del centro. La otra, la entrada peatonal. Curiosamente, ambas están siendo montadas por alumnos de Formación Profesional del instituto.

El director del Cerro de los Infantes, Juan Antonio Baraza, aclaró que las imágenes captadas por las cámaras 'nunca serán grabadas' y que siempre se respetarán los derechos de los alumnos. Su fin no será controlar a los estudiantes, sino la entrada al colegio. 'Nos encontramos con el problema de que en nuestro aparcamiento estacionan coches y motos de amigos de alumnos, de ex alumnos y de otras personas ajenas al centro que obstruyen el paso y hacen maniobras peligrosas como caballitos. Además, por el acceso peatonal entran personas a visitar a estudiantes, lo que provoca que entren tarde a clase', explica el director. 'Y nuestras funciones son distintas a las de un club social', afirma.

La instalación de las cámaras ha sido aprobada por el Consejo Escolar del instituto, en el que están representados padres, profesores, alumnos y personal de administración y servicios. Para la delegada de Educación en Granada, Carmen García Raya, es precisamente este organismo el que legitima la decisión. 'La medida no es habitual, pero no es irregular porque ha sido aprobada por el Consejo Escolar. Si se les mete gente en el recinto a hacer cosas que no debe, las cámaras son una forma de disuadirla. En este caso no quitan libertad, sino que construyen convivencia', aseguró.

El director general de Planificación y Ordenación Educativa de la Consejería de Educación, Manuel Alcaide, confirmó que el centro 'no necesita ningún permiso de la Junta para instalar las cámaras'. Alcaide aseguró que existen más centros en Andalucía que han montado estos aparatos, aunque no precisó cuántos. Y reveló que algunos colegios han llegado a contratar a guardias jurados para realizar tareas de control de accesos. Carmen García Raya corroboró que en Granada son las asociaciones de padres de alumnos las que han reclamado y pagado los servicios de estos guardias.

Sin embargo, el control de entrada a los colegios es una función de los conserjes. Según Baraza, ha sido la escasez de personal de administración y servicios lo que ha llevado al Instituto Cerro de los Infantes a instalar las cámaras. 'En sólo tres años hemos pasado de 313 a 768 alumnos. Pero el personal de servicios no ha crecido. Seguimos contando con dos conserjes, un administrador y un colaborador para tareas de secretaría', se lamenta el director. 'Gracias a las cámaras, los conserjes, mientras realizan otras tareas, podrán comprobar si entra alguien y preguntar lo que desea', explica.

La delegada de Educación en Granada elogió la labor de los docentes con los alumnos del instituto, que 'pertenecen a estratos sociales muy diferenciados' y sufren el ambiente de una población como Pinos Puente, con altos niveles de conflictividad.

Denuncias, traslados y presencia policial

El pasado curso, la Consejería de Educación registró un total de 180 denuncias relativas a episodios de violencia sucedidos en centros escolares, 42 más que en el curso 1998-99. De éstos, el 99,9% se resolvieron de forma pacífica y sólo tres casos llegaron a los tribunales, según indicó entonces la consejera de Educación Cándida Martínez, quien salía así al paso de un informe desfavorable del Defensor del Pueblo andaluz en el que José Chamizo alertaba del incremento de estos sucesos en los centros escolares asicomo del aumento de las solicitudes de traslado de alumnos con problemas de escolarización por parte de los padres. La responsable de Educación, que califica estos sucesos de 'hechos aislados que son reflejo del clima de violencia que vive la sociedad en general', confía en que el Plan de Difusión, Acción y Proyección de una Cultura de Paz y no violencia sirva para reducir el número de casos que se registran. Este plan pretende incidir en la formación del profesorado para que sepa cómo afrontar este tipo de situaciones violentas. Para ello se han elaborado unas Estrategias del regulación del conflicto que se incluirán en los diseños curriculares. Además, este plan incluye dotar a los centros de material divulgativo y realizar campañas publicitarias entre los escolares. Además, se ha aprobado un plan de seguridad preventiva que reforzará la presencia policial a las puertas de los centros más conflictivos, unos 50 que, según Educación, están adscritos a su Plan de Actuación Preferente. Sin embargo, estas medidas son consideradas insuficientes por los agentes sociales, que apuntan la necesidad de buscar mecanismos que actúen en la raíz de las causas y que sean permanentes. Así, la Federación de Enseñanza de UGT propone que se refuerzen las plantillas docentes en los centros; que se potencie la figura del orientador escolar y del trabajador social y, sobre todo, que se reduzca la ratio de las aulas para mejorar la calidad de la enseñanza, entre otras medidas. Por su parte, ANPE solicita la creación de comités de conflictos en los centros, para dar soluciones a los casos de forma rápida, y que la Administración se persone como acusación particular en los casos de violencia que se denuncien.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 20 de marzo de 2001

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