Nueva ofensiva de los conservadores de Irán contra los reformistas
La justicia iraní, en manos de los conservadores, intensificó ayer su ofensiva contra los reformistas con dos medidas dirigidas contra la prensa y las actividades políticas reformistas. Tres publicaciones -dos semanarios y una revista mensual-, quedaron prohibidas desde ayer, según anunció la radio iraní. Se trata de los semanarios Mobine y Jamee-Madani y el mensual Peyan. Un portavoz judicial señaló que la decisión de clausurar los citados medios responde a las 'quejas' suscitadas por sus informaciones.
Además, el Tribunal Revolucionario de Teherán acusó ayer a la docena de disidentes liberales detenidos hace una semana de colaborar con grupos terroristas para desestabilizar el país, según informaciones oficiales.
En un comunicado difundido ayer en Teherán, el tribunal considera, además, que las actividades de la asociación a la que pertenecen varios de los detenidos, Alianza Nacional Religiosa, 'son ilegales y por ello serán juzgadas de acuerdo con la ley'. 'Los acusados están de acuerdo con los hipócritas y los terroristas en extender rumores y mentiras en la prensa', explica el comunicado.
Las autoridades iraníes detuvieron hace una semana a 24 opositores nacionalistas acusados de conspirar contra el régimen islámico de Teherán. La redada se produjo apenas unas horas más tarde de que el presidente iraní, el reformista Mohamed Jatamí, interviniera ante el Parlamento del país para asegurar que la democracia y el cambio son los únicos caminos para hacer de Irán un país viable.
Desde entonces, unos diez fueron liberados, pero el resto permanece detenido sin que, en algunos casos, se conozca su paradero. La acusación que contra ellos ha lanzado el Tribunal Revolucionario podría traducirse en una condena a muerte en caso de ser encontrados culpables.
La ofensiva conservadora ha sido ampliamente contestada entre las filas reformistas. Al menos 150 diputados han condenado las detenciones y las mayores formaciones políticas reformistas se han dirigido a la justicia por escrito calificando las detenciones de 'increíbles e inexplicables'.
