La decisión

El Parlamento de Andalucía, gracias a la abstención del grupo socialista, ha decidido no recurrir la Ley de Extranjería. Los derechos de asociación, reunión y sindicación, que niega el texto legal a los inmigrantes sin papeles, y su probable inconstitucionalidad no la planteará Andalucía ante el Tribunal Constitucional. Justificaciones políticas que arropen esta decisión no han faltado. Una, que el Parlamento sólo ha recurrido leyes que afectan directamente a la comunidad (censo, cuestiones de competencia). Otra, la consideración de la inmigración como un problema de Estado.

Sin embargo, no parece que la primera de las razones esgrimidas, si se entiende que la ley incurre en vicio de inconstitucionalidad, pueda servir de justificación. Los derechos y libertades fundamentales de quienes viven en Andalucía tienen que ser respetados. Si no se respetan, la respuesta debe ser contundente. Se trata de una cuestión de interés general para la comunidad y como tal debe arroparse. Desde este punto de vista, la decisión no se comprende. Tal vez, si se entiende alguna, sea la segunda explicación. La inmigración es problema de Estado, y resulta imposible que una sola comunidad dé respuesta. Es razonable. Ni el Gobierno central ha encontrado una solución satisfactoria, como se ha demostrado en el tema de los ecuatorianos, ni las comunidades autónomas tampoco. El Ejido es un buen ejemplo.

Esta realidad hace que se pueda comprender la decisión del Parlamento y siga sin entenderse la del Gobierno central. Sin embargo, la propia dinámica del problema de la inmigración puede que termine por imponer sus cauces de solución. Al igual que la exigencia de facilitar un billete de ida y vuelta para los ecuatorianos, como método de solución, se ha demostrado ineficaz para el Gobierno central y ha tenido que rectificar, también se verá obligado a rectificar en su posición individualista y haga innecesario el recurso de inconstitucionalidad.

No obstante, mientras llega la rectificación, no estaría de más que, sin perder de vista la posible inconstitucionalidad, la actividad de los grupos parlamentarios se volcara en facilitar a los inmigrantes su integración y cuidaran que su trabajo se desarrolle en condiciones de dignidad.