El Superior mantiene la ayuda de Guipúzcoa a Udalbiltza
Uno de los tres jueces de la sala votó en contra
La Abogacía del Estado, a instancias de la Delegación del Gobierno en el País Vasco, interpuso un recurso contencioso-administrativo solicitando la suspensión cautelar del acuerdo adoptado el pasado 28 de diciembre por la Diputación guipuzcoana, por el que se libraron 64.010.000 pesetas para Udalbiltza.
En su recurso, el abogado del Estado pidió suspender este acuerdo foral por 'la afectación y destino de fondos públicos para financiar una entidad [Udalbiltza] que legalmente no existe', por ser ésta 'una asamblea de electos municipales y no de municipios, con fines de marcada significación política' y por 'destinarse fondos públicos para fines distintos de los propios de la competencia foral'.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del máximo tribunal vasco declara que la subvención otorgada por el Gobierno foral de PNV y EA 'se acordó con destino a Udalbide, constituida el 22 de diciembre de 1999 e inscrita como asociación el 11 de enero de 2000'. El tribunal afirma que 'la alusión a las finalidades de Udalbiltza no tiene relevancia en este incidente en el que, fundamentalmente, procede valorar la posible concordancia de finalidades con las señaladas en los estatutos de la entidad adjudicataria de la subvención que no es de naturaleza pública'.
El auto contó con el voto particular en contra de un magistrado de la sala, quien fundamentó su discrepancia en que 'en la propia norma foral de Presupuestos para el año 2000 aparece Udalbiltza como destinataria de los fondos públicos', cuando esta entidad 'legalmente no existe' y sus fines son inconstitucionales.
El citado juez apoya la necesidad de suspender cautelarmenteel acuerdo foral porque, 'una vez ejecutado el acto administrativo impugnado', quedaría afectado el interés público, ya que tales fondos 'resultarían difícilmente reponibles por la incierta posibilidad de su reintegro por parte de la entidad' beneficiaria.
A comienzos de este mes, esta misma sala del máximo tribunal vasco también decidió mantener, con similares argumentos, los 93 millones de pesetas que la Diputación vizcaína concedió a la asociación de electos nacionalista. En cambio, sí suspendió cautelarmente la concesión de cinco millones de pesetas acordada por el Ayuntamiento de Getxo.
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