USTEC impugna el decreto de matriculación que criticó el Síndic

El sindicato USTEC-STE anunció ayer que recurrirá contra los conciertos que el Departamento de Enseñanza ha otorgado a siete escuelas de élite: La Farga y Viaró, de Sant Cugat; La Vall, de Bellaterra; Pere Vergés, de Badalona, y SIL, Sunion y Saint Paul's School, de Barcelona. Carles Martínez, representante del sindicato, explicó que presentarán el recurso porque es 'socialmente inaceptable que se subvencione con fondos públicos a escuelas que cobran hasta 100.000 pesetas por alumno, y que, por tanto, no cumplen las condiciones de gratuidad a las que obliga la Ley Orgánica de Derecho a la Educación (LODE)'.

La decisión de la consejera Carme Laura Gil de otorgar estos conciertos, que fue publicada el pasado 9 de marzo en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC), 'vulnera la legalidad y la dignidad colectiva', en palabras del abogado del sindicato, Juan José Falcó. 'La opción política del departamento parece otorgar conciertos a casi todas las escuelas privadas que se lo pidan, mientras que a veces se niega medio maestro a los centros públicos que lo solicitan', añadió. USTEC agrega que si estas escuelas privadas tienen 'voluntad de escuela pública', deben adaptarse a los derechos y deberes de éstas, y no sólo solicitar subvenciones. 'Si finalmente obtienen el concierto del departamento', dijo Martínez, 'no pueden cobrar ninguna cuota a los padres en concepto de escolaridad'.

Los portavoces de USTEC sostienen que casi todas las escuelas privadas piden subvenciones a la Administración de forma sistemática y presentan recursos cada vez que se les niegan, 'hasta conseguir pequeñas partidas'. A veces se dan 'anomalías de dudosa legalidad', como 'la concesión de conciertos en periodos de vacaciones', lo cual dificulta su seguimiento. Carles Martínez criticó que, una vez obtenido el concierto, 'las inspecciones de Enseñanza, por pasividad, no vigilan el cumplimiento de la gratuidad en estos centros'.

USTEC-STE presentó ayer ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC un recurso contra los artículos 4.2 y 13 del nuevo decreto de matriculación, referentes a la escolarización de niños con necesidades educativas especiales -un eufemismo que define a los hijos de inmigrantes o alumnos procedentes de colectivos marginados-, y solicitó su suspensión cautelar. Actualmente, el 90% del alumnado inmigrante en Cataluña se concentra en las escuelas públicas y, según Martínez, el nuevo decreto, aprobado el pasado 20 de febrero, no soluciona este problema, 'sino que lo agrava'. El decreto, asegura Martínez, 'no refleja en absoluto la nueva realidad social y educativa', y su aplicación podría provocar 'una ruptura de la cohesión social, pues propicia la formación de guetos'.

Infringe la ley

El sindicato considera que el decreto aprobado por Enseñanza 'infringe la LODE, que dice que las comunidades autónomas con las competencias traspasadas deben efectuar una distribución homogénea de los alumnos entre los diversos centros sostenidos con fondos públicos', y también la LOGSE, que 'establece de forma expresa que no se podrán alterar en ningún supuesto las proporciones máximas por aula'. Tampoco se crea una reserva real de plazas para inmigrantes por centro ni se establece un periodo de matriculación anual que posibilite los trámites de las familias inmigrantes que llegan cuando el curso ya ha empezado, o bien una oficina única que facilite la tramitación de matrícula a estos colectivos.