El Gobierno regional proyecta adjudicar licencias de taxi a empresas privadas

El Gobierno presidido por Alberto Ruiz-Gallardón ha redactado un proyecto de decreto del reglamento regional del taxi que permitirá, por primera vez en España, la adjudicación de licencias a sociedades mercantiles. De esta manera, el sector, que da trabajo directo a unos 16.000 autónomos y a unos 4.000 asalariados en la región, verá cómo irrumpen en él empresas mercantiles con cuentas de resultados, accionistas y balances de beneficios o pérdidas.

El proyecto, elaborado por la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, impide, no obstante, que estas firmas puedan disponer de más de 15 licencias en la región o el 10% de las existentes en cada municipio. Pero la Unión de Pequeños Transportistas (UPT-UGT) considera que 'es la puerta de entrada perfecta al sector para los grandes grupos económicos'. 'Si el reglamento se aprueba tal y como está redactado, será el hundimiento definitivo de miles de familias trabajadoras que viven del taxi y que no podrán competir con los grandes grupos de presión, que se quedarán con las licencias', asegura el presidente de UPT-UGT de Madrid, Eduardo Arriaga.

Actualmente, el sector del taxi se rige por un real decreto de 1979 y por la Ley de Ordenación de Transportes Urbanos de la Comunidad de Madrid de 1998, que impide que cada taxista pueda tener más de un permiso de explotación, aunque hay serias sospechas de que hay personas que poseen más licencias a través de personas interpuestas.

Las licencias que otorga el Ayuntamiento permiten en este momento que cada profesional pueda contratar a otros conductores (los llamados asalariados) para que exploten su taxi a tiempo parcial. Pero no existen empresas privadas que tengan flotas de taxis tal y como diseña el nuevo texto.

El artículo 10 del proyecto de decreto señala claramente que podrán optar a las licencias de taxi no sólo, como hasta ahora, las 'personas físicas', sino también las 'personas jurídicas, debiendo revestir éstas la forma de sociedad mercantil, sociedad laboral o cooperativa de trabajo asociado'. Estas empresas podrán ser, además, extranjeras, siempre y cuando pertenezcan a países de la 'Unión Europea o de un Estado no miembro con el que, en virtud de lo dispuesto en los tratados o convenios internacionales suscritos por España, no sea exigible el requisito de nacionalidad'.

Las empresas que logren las licencias tendrán que contar, como mínimo, con el mismo número de conductores que de coches.

Antonio Rivera, presidente nacional de Unitrans-UGT, mostró ayer su indignación ante un reglamento que permitiría la entrada de las empresas privadas en el sector. 'Será el fin para las miles de familias que viven del taxi en Madrid, comenzará la desaparición del sector tal y como lo conocemos actualmente. Las empresas privadas no se conformarán con las 15 licencias que les concede como máximo el reglamento, sino que crearán nuevas sociedades, con hombres de paja o entidades intermedias, para acaparar el mayor número de permisos posible'.

'Los miembros de estas sociedades interpuestas', añade Rivera, 'que trabajarán para los grandes grupos de presión, nunca se repetirán en el accionariado de dos empresas, con lo que no vulnerarán el reglamento, aunque los dueños finales de todos estos entramados siempre serán los mismos', vaticina.

Los representantes sindicales afirman que estas sociedades podrán comprar sin límite todas las licencias que deseen, algo que no ocurre ahora entre los autónomos. Una licencia de taxi se vende aproximadamente por unos 12 millones de pesetas, el dinero justo que un autónomo puede pedir prestado a un banco o que puede tener ahorrado su familia. 'En cambio, una de esas sociedades con 1.000 o 2.000 millones de pesetas en el bolsillo podrá comprar todos los taxis que quiera', asegura Rivera.

El presidente nacional de Unitrans-UGT prosigue: 'El trabajo de los profesionales, con sus errores y aciertos, las horas de dedicación, los esfuerzos de más de 15.000 familias, se vendrán abajo ante este tipo de competencia. Las sociedades podrán contratar además a cuantos asalariados quieran para trabajar las 24 horas del día, los 365 días del año. Los autónomos, en cambio, no podrán hacer frente a esta competencia, porque su único coche tiene que parar un día a la semana obligatoriamente'.

Rivera pone un ejemplo: 'En Suecia, con un parque de 30.000 taxis, también se liberalizó el sector hace pocos años. Las grandes compañías se quedaron con la mayor parte de las licencias. Cuando ya nadie les hacía la competencia, redujeron el parque de autotaxis a sólo 5.000, porque no les era rentable mantener tantos coches en la calle. Eso es lo que sucederá en Madrid'.

Compatibilidades

El proyecto permite por primera vez el pluriempleo entre los taxistas. 'La titularidad de las licencias', dice el texto, 'será compatible con el ejercicio de cualquier otro trabajo o actividad comercial, mercantil o industrial, siempre que se acredite disponer del número de conductores necesarios'. Actualmente está prohibido el pluriempleo, aunque existe. El Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, no concede licencias si el taxista trabaja en una empresa o es funcionario.

'Es simplemente inadmisible que el reglamento intente legalizar el pluriempleo. ¿Cómo se puede mantener la seguridad en los vehículos si el conductor, tras ocho o diez horas de trabajo en la EMT o dirigiendo el tráfico, inicia después otra jornada de las mismas o más horas al frente de un taxi? ¿Quién va a velar por la seguridad de los pasajeros con un conductor que lleva ocho horas en su trabajo habitual y otras ocho o diez en un taxi?', se pregunta el presidente de UPT-UGT, Eduardo Arriaga.

'Este artículo', incide Arriaga, 'sólo busca reducir a su mínima expresión la capacitación profesional de los conductores. De esta manera, las empresas que se introduzcan en el sector podrán contratar a cualquier persona, que aceptará el trabajo como un simple complemento salarial. Se desplazará así a los auténticos profesionales, ya que ahora se exigen unos mínimos, y entrarán otras personas más necesitadas y dispuestas a trabajar por cuatro perras. Lo que ahora es empleo fijo se convertirá, sin ningún tipo de dudas, en trabajo precario', concluyen los representantes de UGT.

Este sindicato exige que el proyecto de reglamento sea sometido a referéndum entre los afectados. 'Si la Comunidad quiere saber qué pensamos las 15.000 familias que vivimos de esto, que nos pregunte', propone.

Como norma general, el reglamento establece, además, que las ciudades de más de 500.000 habitantes podrán conceder 3,5 licencias por cada 1.000 ciudadanos, mientras que en las localidades de menos de 100.000, sólo podrá haber una licencia cada 2.000 personas. No obstante, los 'municipios podrán establecer un módulo o contingente específico, aun cuando del mismo resulte un número de licencias superior al que correspondería por la aplicación del baremo general'. Si bien, según el proyecto de reglamento, 'deberán acreditar la necesidad y conveniencia de aumentar el número de licencias en relación con la oferta y la demanda, así como justificar el umbral de rentabilidad mínima de explotación'.

La Consejería de Obras Públicas rehusó ayer hacer declaraciones. Sólo recordó que el proyecto es un borrador y que es susceptible de ser modificado.