El Gobierno de Aragón recurrirá al Constitucional la Ley de Extranjería

En las próximas horas, el PSOE tendrá las claves suficientes como para saber si el Gobierno quiere negociar la política de inmigración para España. Depende de que el vicepresidente y ministro del Interior, Mariano Rajoy, dé el visto bueno para negociar, al menos, cuatro de los siete principios que recogen el documento que el portavoz socialista, Jesús Caldera, le entregó la pasada semana.

Las reivindicaciones 'irrenunciables' del PSOE ante el Gobierno se refieren al reconocimiento de los derechos fundamentales de los inmigrantes con o sin papeles; a la corresponsabilidad en la determinación de los flujos de inmigrantes entre Gobierno, oposición, sindicatos y empresarios; a la regularización transitoria de los inmigrantes si cuentan con una oferta de trabajo, y a planes acompañados de financiación para la integración de los extranjeros en cooperación con ayuntamientos y autonomías. A todo esto tiene que dar respuesta el Gobierno, ahora remiso principalmente por la actitud de socialistas de diferentes regiones proclives a presentar recurso.

Entre tanto, el secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, trata de hacer compatible la apertura de una negociación para incluir el fenómeno de la inmigración como un asunto de Estado, con la posibilidad cierta de que gobiernos autonómicos socialistas presenten recurso de inconstitucionalidad a la ley.

El líder del PSOE ha incorporado a su discurso 'esa compatibilidad', habida cuenta de lo imparable, al parecer, de la presentación de esas iniciativas. La brecha ya la ha abierto el Parlamento Vasco, con la abstención del PSE, que ha permitido el triunfo de la iniciativa de nacionalistas e IU. Por tanto, ya es seguro que la ley irá al Constitucional. Este adelanto del Parlamento Vasco va a permitir al presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, miembro de la ejecutiva federal del PSOE, no ser el primero en dar un paso que ya parece seguro. El dictamen que el Parlamento aragonés solicitó será dado a conocer en las próximas horas. Portavoces conocedores del texto informan de que se reconocen aspectos inconstitucionales por la vulneración de los derechos de huelga, reunión y manifestación.

El PSOE trata de convencer al Gobierno de que su oferta de pacto trasciende la ley. Por tanto, el esfuerzo de los socialistas se dirigirá a convencer al ministro Rajoy de que haga abstracción de esos artículos y hable de todo lo demás. En las últimas horas la actitud de Rajoy ha sido muy crítica al no ver compatible el recurso con un pacto global sobre inmigración.