Nerviosos, irascibles, destemplados

Que en la vida en general, y en la política en particular, resulta aconsejable una cierta dosis de estoicismo, alguna reserva de serenidad, no parece discutible. Séneca, Epicteto, Marco Aurelio o Montaigne servirán de avales Sobre todo cuando nos vienen mal dadas y sentimos el golpe de la fortuna adversa. Incluso podemos llegar a comprender y tolerar que, en tales circunstancias, alguien pierda la compostura y muestre el lado más híspido de su carácter. Pero resulta sorprendente que, en plena racha favorable -léase por ejemplo la mayoría absoluta de un gobierno con un sólido estado de gracia demoscópico- se prodiguen los malos modos, se evidencie la ineducación civil, se pierda la compostura. Tal como está ocurriendo en el Palau de la Generalitat y, por ende, en todos los ámbitos de decisión política controlados por el PP.

Un claro ejemplo de lo cual tenemos en la airada salida de tono con que el alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, ha acogido la sentencia que paraliza, siquiera momentáneamente, la agresión urbanística en el Benacantil mediante un innecesario palacio de congresos. Y digo innecesario puesto que en nuestra tierra estamos ya alcanzando una saturación de los tales que, por otra parte, sólo sirven para congresos de tipo pequeño, a lo más medio, sin que podamos aspirar a situarnos -y no sólo por receptáculos- en los grandes y verdaderamente lucrativos circuitos internacionales del turismo congresual, de los congresos que reúnen por encima de los mil quinientos o dos mil participantes. La descalificadora reacción del munícipe hacia la sala actuante, que ha merecido el varapalo consiguiente del Tribunal Superior de Justicia, sólo puede entenderse en clave de la ofensiva desatada por el PP contra la judicatura, antaño depositaria de las esencias salomónicas, del espíritu de Daniel, Solón y Licurgo cuando sus sentencias recaían en otro ámbito gubernamental, y hoy un conjunto de peligrosos entrometidos, perturbadores del orden político y administrativo, a los que hay que meter en vereda, para lo cual se aplica el ministro Acebes con denodado esfuerzo y diligencia que podría ser mejor utilizada remediando las carencias personales y materiales de nuestros juzgados.

Otra sentencia, la que condena a la Generalitat a indemnizar por discriminación injustificada en la adjudicación de publicidad institucional al periódico Levante ha provocado, literalmente, un ataque de nervios en el Palau, donde los bramidos e imprecaciones presidenciales podían escucharse desde la plaza de Manises y aledaños. Quizás, no lo tengo claro, Zaplana reflexione en adelante y deje de utilizar el dinero público, que sale de nuestros bolsillos, como palo a los díscolos, prebenda para los sumisos y zanahoria prometedora para los vacilantes. El sectarismo, vienen a decir los magistrados, no tiene cabida en el ámbito económico administrativo.

Aunque puede que estas destempladas reacciones queden reducidas a anécdotas personales si observamos cómo el PP sigue empeñado en dinamitar la institución de la Sindicatura de Greuges en su afán vindicativo contra la síndica en funciones, Emilia Caballero, culpable de prestar oídos al movimiento ciudadano opuesto al desmembramiento del Cabanyal. Vaya por delante que soy de los que nunca han tenido claro qué pinta en un ordenamiento jurídico tan garantista como el nuestro una figura importada de latitudes nórdicas, el ombusdman, a no ser, precisamente, como voz crítica -y poco más que eso- frente a alcaldadas y arbitrariedades gubernamentales. Pero si nos dotamos estatutariamente de esta institución, y fijamos en su desarrollo legal -a propuesta precisamente del PP- una altísima mayoría cualificada de dos tercios -la misma que se precisa en una reforma constitucional- para su elección, parece evidente que la voluntad legislativa fue la de impedir que nadie que no goce de un amplio consenso en las Cortes Valencianas pueda ser elegido, lo que obliga al partido del gobierno a un esfuerzo de diálogo y transacción que, a lo que se ve, no entra en los usos y costumbres de los populares, más proclives a la bronca áspera y a la permanente amenaza de cambiar las leyes a su conveniencia si no se satisfacen sus intereses y caprichos. Claro que qué podemos esperar de un partido cuyas diputadas montan en cólera -la santa osadía, la santa indignación que preconizaba el monseñor beatificado- por una inocua alusión a actitudes monjiles, que la posterior gazmoñería exhibida no hace sino acreditar. O que conspira ansiosamente y se somete a la vejación de arrumbar a su cabeza de la lista municipal con tal de derribar al alcalde socialista de mi pueblo, aunque sea para gobernar, es un decir, con comunistas de pata negra como los de Ayora, que hacen de Anguita un angelical y recatado boy scout . Tila, mucha tila es lo que precisan. Eso o, directamente, neurolépticos en vena.

Segundo Bru es catedrático de Economía Política y senador socialista por Valencia