¿Es adecuada la financiación de los partidos?

'El problema de la financiación de los partidos lesiona el sistema, desacredita la política y os perjudica a vosotros mismos, ¿por qué no os ponéis de acuerdo para resolverlo de una vez?'. Con estas palabras, el periodista y filósofo Josep Ramoneda se dirigía directamente a los diputados en unas jornadas organizadas el pasado julio en el Parlament, cuyas conclusiones han sido publicadas con el título de La financiación de los partidos políticos.

Ocho meses después, los seis partidos parlamentarios catalanes han firmado pomposamente el Acuerdo de transparencia y autolimitación de gastos electorales y de financiación de los partidos. Es evidente, por tanto, que los partidos se han puesto de acuerdo. Pero ¿han resuelto realmente el problema? ¿Es esta nueva visión del oasis catalán un paso adelante o se trata meramente de un espejismo?

Los escándalos relacionados con la financiación irregular de los partidos han salpicado en alguna ocasión a las principales formaciones: Convergència Democràtica (CDC) sufrió el calvario del caso Casinos; el PSOE tuvo el caso Filesa; el Partido Popular (PP), el caso Naseiro... Recientemente es Unió Democràtica (UDC) la formación que se encuentra en el ojo del huracán, con el caso Pallerols, y fue precisamente en medio de esta última polémica cuando el dirigente de este partido y presidente del Parlament, Joan Rigol, asumió el compromiso de impulsar un pacto catalán sobre la financiación de los partidos.

Durante meses, los líderes de los partidos se han ido reuniendo en el Parlament para trabajar un documento que, con el paso del tiempo, se ha dejado varios compromisos en el camino, entre ellos el de renunciar explícitamente a las precampañas. El pacto final no va demasiado más allá del texto que todos los partidos consensuaron en el Congreso de los Diputados en 1997. La diferencia es que el texto de los partidos españoles sigue durmiendo el sueño de los justos: la ponencia, asumida por todos los grupos, no ha llegado nunca a convertirse en ley.

En el reciente pacto sucrito en Cataluña, los partidos han acordado reclamar más dinero público y, paralelamente, hacer más transparentes sus cuentas. A partir de ahora no sólo entregarán sus cuentas anuales al Tribunal de Cuentas, como fija la ley, sino que también las llevarán a la Sindicatura de Cuentas, su organismo equivalente en Cataluña.

El acuerdo no prevé que los partidos se sometan a auditorías externas, como sucede por ejemplo en Finlandia, y sitúa a la Sindicatura como el garante de la credibilidad de los números que aportan las propias formaciones. El problema es que esta institución sufre una grave crisis interna y ha advertido de que no tiene los medios suficientes.