¿Sólo un pacto de caballeros?

Sin duda, hay buenas razones para celebrar el acuerdo sobre gastos electorales y financiación de partidos que recientemente han firmado los grupos palamentarios catalanes. Intenta poner orden en un asunto que lo necesita; lo hace enfrentándose a la hipocresía con que nuestra sociedad mira este problema, y los contenidos del acuerdo van, en general, en la buena línea: autorregulación, limitación de gastos, transparencia informativa, control público.

Pero cabe preguntarse si no se podría haber hecho más. Es cierto que las competencias de la Generalitat son limitadas; es cierto también que el estancamiento de la reforma de la legislación estatal impide actuar directamente sobre el fondo de la cuestión. Pero el Parlament podría utilizar sus atribuciones de un modo más enérgico. ¿Cómo? Por ejemplo:

1. Acordando por unanimidad una iniciativa legislativa dirigida al Congreso para sacar del punto muerto en que se encuentra la propuesta acordada (hace más de tres años) por la ponencia de estudio sobre financiación de partidos. Es seguro que una iniciativa de este tipo, tomada por unanimidad, tendría un impacto claro y contundente sobre el marco político español.

2. Imponiendo legalmente obligaciones directas a los medios de comunicación de titularidad pública acerca del acceso de las fuerzas políticas a ellos, en el marco de una concepción más acorde con su deber de fomentar la información pública y el debate democrático.

3. Elaborando una ley electoral de Cataluña, que abordase globalmente todos los aspectos de campañas y financiación, y que crease una auténtica administración electoral catalana (cuya inexistencia obliga a los firmantes del acuerdo a designar como árbitro a la Sindicatura de Cuentas, órgano que, más allá de su actual crisis, no está diseñado institucionalmente para el control de los gastos electorales).

4. Orientando la financiación adicional que van a recibir los partidos a mejorar y aumentar sus canales de comunicación con la sociedad. Admitir que esa financiación adicional se destine a pagar los gastos ordinarios de los partidos políticos, sin imponer ninguna obligación finalista como contrapartida, puede resolver problemas de tesorería, pero no sirve para mejorar el servicio que los partidos prestan a los ciudadanos.

Sin un contenido normativo concreto y vinculante, el acuerdo corre el riesgo de limitarse a mostrar las virtudes de la política catalana, sin enfrentarse de modo eficaz a sus vicios.

Joan Botella es catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).