Cuatro crisis en una

Crisis de gobierno, de mayoría parlamentaria, de sistema institucional y de régimen. Si crisis es el punto de inflexión entre una situación y otra diferente, la situación del Gobierno de Convergència i Unió en las últimas semanas presenta todos los rasgos de una cuádruple crisis. En primer término, crisis de gobierno. El nombramiento de Mas y la dimisión de Duran no constituyen una mera reestructuración del Gabinete. No estamos ante un simple reshuffle ministerial, según la terminología inglesa tomada del cambio de cartas en un juego de naipes. Aquí no se ha dado una simple redistribución de carteras. Ha habido alteración cualitativa en la relación entre los socios de la coalición gobernante. El líder del socio menor de la coalición ha dimitido declarando un desacuerdo político sustantivo con el presidente. En otros términos, se han modificado los equilibrios internos de poder. Es la crisis más importante por las que ha atravesado la alianza CiU: lo ha señalado el propio Jordi Pujol, aunque no en sede parlamentaria como correspondía. Una evidente crisis de gobierno, pues, administrada a incómodos plazos por quien lo preside.

Por su parte, el PP -tercer y decisivo socio de una inestable mayoría parlamentaria- da señales de clara impaciencia. Su tutela sobre la política del Gobierno de CiU se ejerce férreamente. No es extraño que el PP se sienta seriamente incomodado cuando el Ejecutivo de Pujol intenta sustraerse a dicha tutela. Las votaciones y las intervenciones parlamentarias del 8 de marzo constituyen una señal aparatosa de que los gestos de rebeldía del Gobierno de CiU no quedarán sin respuesta. La mayoría CiU-PP que concedió a Pujol la investidura como presidente y que le ha sostenido hasta hoy entra también en crisis: el pacto que sustentaba la mayoría se encuentra ahora en revisión.

En tercer lugar, crisis de sistema institucional. La designación de un conseller en cap ha modificado la estructura del Ejecutivo catalán. Se redefine el ejercicio de la función presidencial. Se desdobla dicho ejercicio mediante una aparentemente amplia delegación de funciones. Esta delegación del presidente en un consejero plantea dudas legales, disminuye la capacidad de control sobre el Ejecutivo y perjudica la eficiencia de su actuación. Los primeros pasos -reuniones del Consell, declaraciones cruzadas entre sus miembros, rectificaciones del presidente a iniciativas de política sectorial adoptadas por algún consejero- alimentan las perplejidades sobre el efectivo reparto de papeles entre el presidente-delegante y el consejero-delegado. Hay crisis, pues, del presidencialismo de hecho practicado por Pujol y no se alcanza a ver qué ventajas comporta este nuevo diseño institucional de factura bastante tosca.

Finalmente, crisis de régimen. Dos décadas de autogobierno han configurado un régimen político que combina instituciones, sistema de partidos, legitimidades y liderazgos. Los cambios de las últimas semanas confirman lo que las elecciones autonómicas de 1999 anunciaron, cuando CiU perdió por vez primera la mayoría electoral. A los 15 meses de aquel resultado, se desvela la crisis de régimen. Se agota la hegemonía de una propuesta política, confortablemente situada en el escenario de la política catalana. Se disipa la confusión entre la legitimidad del autogobierno y el apoyo al Gobierno en ejercicio, una confusión que tanto ha beneficiado a CiU. Quienes están embarcados en la nave de CiU discrepan -y no poco- sobre el rumbo que el capitán quiere seguir. Buena parte de la mayoría social que había confiado en su proyecto sustituye el conformismo de conveniencia por las dudas sobre el futuro de dicho proyecto. Con ello pierde eficacia el empeño constante de CiU por trasladar su hegemonía institucional al tejido social, cultural o económico del país, que ya no le otorga crédito. Algunos sectores sociales incondicionales empiezan a sacudirse la pesada tutela a que se les había sometido o que habían aceptado por propio interés. Liderazgo vacilante, incertidumbres institucionales, legitimidades cuestionadas, reforma del sistema de partidos, consolidación de una alternativa efectiva, creíble y dinámica: todo ello confirma que el régimen entra en una innegable fase de transformación.

Cuatro crisis, pues, que se acumulan. La crisis de por sí no debería preocupar: la nueva situación que se entrevé puede reforzar la cohesión social del país y su presencia activa y solidaria en los escenarios español y europeo. Hay que temer, sin embargo, que el agotamiento de quienes tienen en este momento la responsabilidad de gobernar intente retrasar la salida de la crisis.

Si esto ocurre, acabaremos dejando al país en peores condiciones para enfrentarse a tantos y tan importantes retos como hoy se le plantean: el declive demográfico, la acogida de la inmigración necesaria, la incorporación de nuestros jóvenes a la sociedad del conocimiento, la solidaridad efectiva con la tercera edad, la alternativa constructiva al neocentralismo españolista o la participación catalana en la Europa del siglo XXI. Mucho trabajo pendiente para resignarse a contemplar cómo un Gobierno con complejo de interinidad gasta más energías en sobrevivir que en gobernar.

Josep M. Vallès es miembro de Ciutadans pel Canvi y diputado del Grupo Socialistes-Ciutadans pel Canvi.