Absurdos viajes
El plan del Gobierno de repatriar a su país a los inmigrantes ecuatorianos residentes en España ha tenido tanto éxito que resulta inviable. Nada menos que 24.544 personas se han acogido a la oferta gubernamental de viaje de ida y vuelta gratis al Ecuador para retornar a España con los papeles en regla. El Gobierno asume que el coste económico de la operación desborda sus previsiones: 3.190 millones de pesetas.
Se trata de un gasto considerable y desproporcionado con las partidas presupuestarias destinadas a la inmigración. Pero lo peor es el aspecto de despilfarro que presenta, su carácter absurdo y caprichoso, en consonancia, por otra parte, con lo disparatado de una operación diseñada más con criterios arbitristas que de racionalidad política. Si el Gobierno pretendía hacer de esa operación escaparate de su voluntad de hacer cumplir la Ley de Extranjería sin proceder a la caza y captura del inmigrante irregular, su fracaso puede ser sonado.
Y no será porque no se le avisó a tiempo de que había otras alternativas legales más a mano, menos costosas y, desde luego, más humanitarias. El líder socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, propuso una fórmula que no es contraria a la Ley de Extranjería, además de ser más económica y factible que la del Gobierno: la tramitación de los papeles a través de la Embajada y de los consulados de Ecuador en España. Pero hay otras, ya ensayadas alguna vez, como la figura del visado delegado, que puede ser expedido en cualquier embajada española de los países más cercanos. No hay que olvidar que la inmensa mayoría de estos inmigrantes a los que se invita a ese viaje de ida y vuelta estaban trabajando al entrar en vigor la nueva Ley de Extranjería y que su expulsión del mercado laboral está causando graves perjuicios a sus antiguos empleadores. Ello hace todavía más absurda la operación del Gobierno. Y explica por qué los empresarios agrícolas de Murcia, los más afectados, están haciendo lo posible para que no fracase firmando precontratos de trabajo a cientos de inmigrantes y financiando su viaje para asegurar su retorno a España.
El Gobierno se ha creado un problema que se complica día a día y al que deberá dar solución si no quiere restar credibilidad a su anunciada política de guante blanco en la aplicación de la Ley de Extranjería. El secretario de Estado de Inmigración ha afirmado que 'no todos los que se han acogido al programa viajarán a Quito, y de éstos, sólo a unos cuantos se les podrá ayudar en los gastos de viaje'. Ello supondría dejarlos a las puertas de una expatriación forzada. Algo que el Gobierno ha dicho que no quiere hacer.
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