El Gobierno estudia la queja de pensionistas emigrantes afectados por una ley holandesa
El Director General del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (Imserso), Alberto Galerón de Miguel, declaró ayer en San Fernando (Cádiz) que su departamento analizará la situación de los 15.000 emigrantes andaluces en Holanda que se han visto obligados a suscribir un seguro para compensar sus jubilaciones.
La Asociación de Emigrantes Retornados de Cádiz (APER) denunció el miércoles que un Real Decreto del Gobierno holandés elimina una retención en sus nóminas a partir del 1 de enero de este año. Desde entonces, este colectivo ingresa una cantidad adicional, que oscila entre las 20.000 y las 50.000 pesetas, pero cotiza menos y, por tanto, mermará su paga por jubilación.
Galerón de Miguel explicó que el Imserso, dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, analizará los acuerdos bilaterales entre España y Holanda. 'Nos preocupa el tratamiento de este caso, pero me imagino que pueden ser razones formales o materiales las que hayan provocado esta situación', dijo.
Por su parte, el consejero de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, Isaías Pérez Saldaña, mostró su extrañeza ante esta denuncia y anunció que pedirán información para buscar soluciones. 'Los convenios bilaterales de España y Holanda no pueden posibilitar que eso sea verdad. Espero que haya algún tipo de error en la interpretación sobre lo que no es la pensión obligatoria, sino un sistema de pensión más cercano al sistema de dependencia que se puede recobrar como sistema capitalizado', explicó.
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