Detenido un empresario en Las Palmas por inflar listas de cursos para parados

Gandhi Parsram C. C., de 47 años, detenido ayer en Las Palmas y puesto a disposición judicial, había recibido por adelantado 5.700.000 pesetas del Icfem. Para cobrar el resto de la subvención presentó unas listas de certificaciones con firmas de personas que no habían asistido a los cursos. Esta detención es la primera que se produce en Canarias en relación a la concesión de subvenciones por parte del Instituto Canario de Formación y Empleo (Icfem) y es el resultado de una investigación que abrió la Consejería de Empleo entre 240 academias colaboradoras. Fuentes del Gobierno canario señalaron ayer que se han abierto otros seis expedientes a otras tantas academias, además del que ayer culminó con la detención del citado empresario, por falsificación de firmas de personas que, en algunos casos, ni siquiera sabían que existían esos cursos.

El Parlamento de Canarias comenzará hoy a estudiar el informe de la Audiencia de Cuentas sobre la gestión del Icfem, que ha puesto de manifiesto numerosas irregularidades en la concesión de subvenciones para formación y empleo entregadas por ese organismo entre 1993 y 1997.

La Audiencia de Cuentas aprobó definitivamente el informe el pasado diciembre, pero meses antes decidió ya enviar el caso tanto a la Fiscalía Anticorrupción como al Tribunal de Cuentas por haber constatado 'indicios de responsabilidad penal y contable' por parte de los miembros del Consejo de Administración del Icfem en la concesión de las ayudas desde 1993 a 1997.

Mientras, un juzgado de Las Palmas de Gran Canaria mantiene abierto un proceso judicial a raíz de una querella interpuesta en febrero de 1999 por un grupo de sindicalistas y abogados, que acusan a los antiguos responsables del organismo de los presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos en la concesión de las ayudas. El fraude, según denunciaron, podría alcanzar los 15.000 millones de pesetas.

En la causa aparecen como imputados el ex consejero de Empleo y ex portavoz del Ejecutivo canario, Víctor Díaz, y los ex directores del Icfem Aurelio Ayala y Francisco Zumaquero. Este último es en la actualidad director general de Transportes y hace pocas semanas tuvo que comparecer en un juzgado que investiga posibles irregularidades en la obtención de subvenciones. En 1998, el Instituto concedió en ocho meses subvenciones por importe de 15.000 millones.

Hace unos meses, además, el eurodiputado del Partido Popular Fernando Fernández puso este asunto en conocimiento de la Oficina de Lucha contra el Fraude, de la Comisión Europea, que decidió solicitar al Gobierno español más información sobre la gestión del Icfem, que se nutre en buena medida de fondos europeos.

El informe que hoy se empieza a debatir en la Comisión de Presupuestos y Hacienda de la Cámara autonómica pone de manifiesto que los responsables del Icfem cometieron 'numerosas infracciones a la normativa de aplicación' en la concesión de las ayudas. Además señala que el consejo de administración del organismo autorizó en numerosas ocasiones subvenciones sin que ni tan siquiera se hubiera presentado una solicitud; sin que estuviera justificada por razones de interés público la entrega de los fondos; sin promover la concurrencia entre posibles solicitantes e, incluso, sin comprobar el crédito de las entidades a las que se entregó el dinero. Y todo ello, afirma la Audiencia de Cuentas, 'a sabiendas de que se incumple la normativa de aplicación', lo que conlleva el presunto delito de prevaricación.

También afirma que en el 22% de los expedientes analizados se ha podido comprobar gastos en material para los cursos que no están justificados y que resultan, según se dice, 'excesivos' y, en algunos casos, 'exorbitantes'.

En la mayoría de los casos, el Icfem abonaba las subvenciones y, por tanto, se iniciaban los cursos antes de que se aprobara la concesión de la ayuda.