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El PSOE denuncia que el Gobierno dejó sin gastar 107.000 millones en inversiones

La oposición critica la gestión de los presupuestos entre 1995 y 1999

La Comisión de Presidencia y Hacienda de la Asamblea debatía ayer el informe del Tribunal de Cuentas sobre la Comunidad de Madrid correspondiente a los años 1997 y 1998. Adolfo Piñedo, portavoz del PSOE-Progresistas en dicha comisión, destacó el hecho de que, en los cuatro años de su primer Gobierno, el presidente regional, Alberto Ruiz-Gallardón, del PP, hubiera dejado sin gastar 107.000 millones de pesetas, 'el 30% del apartado presupuestario destinado a las inversiones'. Mucho dinero, según dijo el socialista.

El PP terminó por buscar la comparación con los anteriores gobiernos del PSOE. 'Ustedes dejaron de invertir, cuando gobernaban, 263.000 millones desde 1990 a 1994. Estamos mucho mejor que ustedes', le contestó Pedro Muñoz Abrines, portavoz popular.

El informe del Tribunal de Cuentas, según explicó Piñedo, venía a demostrar dos cosas: 'que no se cumple la normativa vigente' y 'que el presupuesto aprobado y el ejecutado se parecen como un huevo a una castaña'. Y, a partir de ahí, críticó la falta de ejecución de las inversiones, y las modificaciones que el Ejecutivo aplica 'desde el día siguiente de la aprobación' de los presupuestos. Eso, dijo, 'es una tomadura de pelo'. Muñoz Abrines le recordó que en 1994 el entonces Ejecutivo socialista hizo 1.500 modificaciones al presupuesto regional, frente a las 803 que el PP realizó en 1997 y las 1.137 del año siguiente.

'Cinismo político'

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Franco González, de IU, estuvo más ácido: habló de 'cinismo político' y confesó que a veces tenía la sensación de estar perdiendo el tiempo viniendo a estas comisiones, toda vez que de nada servían ni las críticas ni las recomendaciones. En otro momento, al hablar del informe del Tribunal de Cuentas, acusó a la Comunidad de 'chulería' cuando ni se presentan las alegaciones ante el Tribunal. El representante de IU pidió que la recientemente creada Cámara de Cuentas, que, cuando entre en funcionamiento, fiscalizará los presupuestos regionales, acote los objetivos económicos del Ejecutivo, ya que 'la falta de un sistema adecuado de gestión impide la evaluación de su eficacia'.

De las resoluciones, las de IU fueron rechazadas todas, sin excepción. Del PSOE-Progresistas se aprobaron dos, tras pactar una transaccional: seguir con la implantación del Plan general de Contabilidad Pública -los socialistas hablaban de 'implantar completamente'- y continuar el Inventario General de Bienes y Derechos -los socialistas escribían 'completar' en su propuesta de resolución-.

Del PP se aprobaron todas las resoluciones, la mayoría de las cuales señalaban que la Comunidad consideraba positiva la gestión del gobierno regional en las distintas materias. Fueron aprobadas por mayoría, con los votos exclusivos del PP.

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