Cinco jóvenes corroboraron a la Comunidad el supuesto maltrato en un centro de menores

García, que acudió a Guadarrama un día después que los fiscales, no comprobó las irregularidades denunciadas por éstos. 'No vi la habitación con el colchón en el suelo porque me dijeron que la habían cambiado por obras'. Pero varios chicos, unos cuatro o cinco (de un total de 21), le corroboraron la denuncia formulada por otro menor que dio pie a la intervención fiscal. El niño, de 14 años, asegura en su denuncia que 'si [los internos] se portan mal, [los cuidadores]les encierran solos en una habitación pequeña con ventana con rejas y un colchón en el suelo, y si se ponen nerviosos, les esposan y les ponen cinta de embalar en los pies'. El chaval dice que ha pasado siete veces por esas 'salas de observación' y que una vez llegó a estar cuatro días seguidos sin salir y sin que nadie limpiara.

El viernes, la consejería de Servicios Sociales decidió el cierre de este centro y, pese a no existir denuncias contra ellos, de otros dos regentados por Diagrama (Cimbra, en Carabanchel, y Río Chico, también en Guadarrama). Los 36 menores que vivían allí fueron llevados a residencias del IMMF. Ayer, una docena de esos 36 acudieron a Cimbra y Guadarrama porque preferían estos centros a los nuevos. Pero luego decidieron marcharse.

García reconoce que el viernes costó realizar el traslado porque varios chavales querían seguir con sus educadores. 'Sobre todo ocurrió eso con las chicas de Cimbra, un centro en el que no se había producido ninguna denuncia', aclara. Sin embargo, la institución que representa descarta volver a contratar ninguna residencia con Diagrama y estudia posibles sanciones administrativas contra la entidad.

Interiorizar el sufrimiento

El sacerdote Enrique Castro, miembro de la Coordinadora de Barrios, que trasladó a la fiscalía la denuncia del interno de Guadarrama, considera que esa persistencia de los chavales por volver al centro supone que han 'interiorizado que se les puede tratar de cualquier manera'. Según Esperanza García, 'sería gravísimo que un niño creyese que el maltrato es una actitud educativa adecuada'.

PSOE e IU entienden también que es 'natural' que a estos chavales les cueste cambiar de centro 'porque han desarrollado lazos afectivos con sus educadores' y porque 'puede que no todos hayan sido víctimas del presunto maltrato'. El menor que denunció malos tratos contó lo que ocurría en el centro de Guadarrama a la Coordinadora de Barrios, ya que conocía a uno de sus educadores de San Fermín (Usera). Apoyado por este colectivo, puso la denuncia en la fiscalía el 23 de febrero.

Anteriormente, la coordinadora acudió a la portavoz del PSOE de Asuntos Sociales en la Asamblea, Carmen García Rojas. 'Me contaron que en Guadarrama dejaban a los chicos aislados tres días en un colchón, pero no me dijeron que les ataban y esposaban', explica la diputada. Ella transmitió su preocupación a Esperanza García a finales de febrero. Ésta reconoce la llamada de García Rojas: 'Le dije que me extrañaba porque llevábamos tiempo trabajando con Diagrama con buenos resultados, pero que investigaríamos'.

El 1 de marzo, una semana después de recibir la denuncia del chaval, la fiscalía acudía a Guadarrama. Alertada por los fiscales, García visitaba el centro 24 horas después. Ese mismo día la Comunidad cerró las tres residencias de Diagrama en Madrid. Lo que aún no ha decidido es si va a dar por finalizados los programas de libertad vigilada y reparación del daño que desempeña esta entidad -con 'magníficos resultados', según García- con menores autores de delitos.

El defensor del Menor, Javier Urra, es contrario a que entidades privadas gestionen centros de menores. 'Corremos cada vez más riesgo si no hay un funcionario al frente', afirma. CC OO considera también que 'la política privatizadora lleva consigo que servicios como la protección de menores caigan en manos de cualquier organización dispuesta a llevar a cabo su encomienda al menor coste posible'.

La consejera de Servicios Sociales, Pilar Martínez, resaltó que, de las cerca de 2.000 plazas para menores desamparados que regenta el IMMF, 1.100 son públicas y el resto están gestionadas por entidades como Diagrama, Nuevo Futuro, Paideia, Mensajeros de la Paz... Martínez cree que lo que hay que evaluar es el proyecto educativo, no si su gestión es pública o privada.