Las defensas de los acusados del fraude con facturas falsas en Málaga alegan la prescripción de los delitos

Un total de 11 personas, entre ellas un inspector de Hacienda; varios empresarios y un policía nacional, se sentaron ayer en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Málaga para responder por un presunto fraude a la Hacienda Pública, consistente en la emisión de facturas falsas por una cuantía superior a los 5.000 millones de pesetas con las que se permitía a empresas eludir el pago del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

Sin embargo, ayer sólo se celebró la fase de cuestiones previas. El resto de la vista oral, si la sala no escucha las peticiones de la defensa de archivo de la causa por prescripción de los delitos, se celebrará en una fecha aún no fijada.

Según el fiscal y la acusación particular, ejercida por el abogado del Estado, los dos principales acusados; Francisco y Juan García Ruiz -el primero de ellos, al que se considera el cerebro de la trama, ya ha fallecido- habrían constituido a finales de los años ochenta un entramado de sociedades ficticias a través de las cuales emitían facturas falsas; facturas que eran adquiridas por empresas reales para utilizarlas como justificantes del pago del IVA.

A Juan García Ruiz se le acusa de haber aprovechado su condición de inspector de Hacienda para asesorar a su hermano en la gestación de la trama y para encubrir esta presunta actividad delictiva dando por bueno en inspecciones el estado fiscal de algunas de las empresas que compraban facturas falsas.

En total, la fiscalía pide más de 65 años de cárcel para los acusados y multas por 1.000 millones de pesetas. Ayer, los abogados defensores pidieron el archivo de la causa por entender que los delitos han prescrito. El fiscal, por su parte, defendió la no prescripción de las responsabilidades penales.

Los defensores entienden que todos los delitos que se imputan a sus clientes -estafa; falsedad en documento mercantil; falsedad en documento público y cohecho, entre otros- están en función de un fraude contra la Hacienda Pública, y recuerdan que este tipo de delitos prescribe a los cuatro años, por lo que ya habrían prescrito cuando se denunciaron, en 1995.