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VISTO / OÍDO
Columna
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Patronal / Gobierno

Supongamos que la patronal estaba de acuerdo con este Gobierno de empresarios. Supongamos, suponga yo, que los patronos han alargado las conversaciones con los sindicatos hasta hacerlas imposibles, para llegar al decreto-ley. El Gobierno anunció que si las conversaciones pasaban de un plazo, decidiría él. Y la patronal bloqueó las negociaciones hasta colmar el plazo. Y el viernes salió el paquete de medidas que ordenará qué condiciones tiene que cumplir el trabajador si quiere seguir siéndolo; y qué le pasará si le despiden. Reduce en lo principal las condiciones anteriores, siguiendo lo que llamaremos estilo -manera- de nuestros talibán: lo mismo que hicieron con la primera y la segunda ley llamadas de extranjería (no son ni leyes contra la inmigración, sino contra el inmigrante).

Nos alzamos contra la condición de esclavas de las prostitutas inmigrantes, publicamos sus fotografías denigrantes -en este periódico se han dado cuatro o cinco en una semana- y huimos de considerar esclavos a los inmigrantes masculinos. Están por debajo de cualquier ley y de las estadísticas de paro. Éste es el país con mayor paro de Europa; con más contratos-basura, con mayor proporción de paro femenino; y si se pudiera saber, el de mayor trabajo negro, como se decía antes de que esos trabajos los hicieran, realmente, los negros. La televisión nos enseña a los negros en su tierra: los inundados en Mozambique, los huidos de la guerra en Conakry. Otra foto desde dentro de un escaparate muestra unas chicas cubanas mirando con ambición de miseria (espero que en Cuba no hayan publicado las de los madrileños en la Puerta del Sol peleándose por los bocatas de carne de vacas).

Explico por qué suponemos, o supongo yo, el acuerdo de patronal y Gobierno, y la ilegalidad moral del decreto: por la ley de Sherlock Holmes. La deducción. Por el seguimiento del Gobierno de empresarios, que priva a sus obreros (los funcionarios) de las mejoras legales. Por la condición de empresarios de los ministros. Porque el Gobierno hubiera debido negociar con patronos y obreros, arbitrar las reuniones, como en otros países. Y debatir en el Parlamento su ley: la mayoría absoluta hubiera hecho de ella un ukás (en la Academia, ucase: transfiere de la ortografía y la fonética francesa la palabra rusa), se hubiera discutido cada artículo. Un decreto-ley contra una parte de la población y a favor de otra define una dictadura. Legal, eso sí.

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