La lentitud judicial afecta a los procesos sobre menores

En la actualidad, sólo existen juzgados especializados en Familia en cuatro provincias andaluzas: Sevilla, Granada, Málaga y Córdoba; pero únicamente en las capitales y en Primera Instancia. El Derecho de Familia forma parte de la jurisdicción civil. Sin embargo, el enorme volumen de trabajo que manejan estos juzgados hace que en muchos casos los expedientes en los que se decide el futuro de un niño duerman durante años a la espera de ser solventados. Cuando existen juzgados de Familia, las decisiones que se toman en Primera Instancia no pocas veces son revocadas al cabo de años por las audiencias provinciales, que carecen de especialización. Por eso, si hay algo en que están de acuerdo todos los sectores que trabajan con menores en situación de riesgo es en la necesidad de que se cree una jurisdicción especial de Familia. Pero hasta ahora, las peticiones formuladas por las consejerías de Asuntos Sociales, los jueces y abogados de Familia y el propio Consejo General del Poder Judicial no han obtenido ninguna respuesta por parte de los órganos legislativos. El juez de Familia de Sevilla Francisco Serrano considera que 'la creación de una jurisdicción específica permitirá que todos los ciudadanos españoles disfruten del derecho a que sean jueces expertos en la materia quienes analicen sus casos, independientemente de que vivan en una gran capital o en un pueblo'. La existencia de juzgados especializados en Primera Instancia no sirve para mucho, según el profesor Jesús Palacios, si en las audiencias provinciales, que dirimen los recursos contra los actos de la Administración, no se sigue la misma dinámica. 'Es como si uno va con su problema en primer lugar al médico especialista y éste le remite al de medicina general'. Pero ésta no es la única reivindicación de quienes tratan más de cerca los problemas de protección de menores. Los jueces piden también que las administraciones doten de asesoramiento jurídico desde el inicio del proceso a los padres o tutores de niños declarados en desamparo, a fin de paliar una posible situación de indefensión. Esta reivindicación ha sido, en principio, bien acogida por la Consejería de Asuntos Sociales, pero la Junta pide también que se reforme la ley en el sentido de limitar a un año el plazo máximo de los padres para recurrir la resolución de desamparo, con la intención de impedir que la situación de provisionalidad de los acogimientos familiares se prolongue. Los jueces coinciden hasta cierto punto con esta petición, pero no la limitan a un año, sino a 'un tiempo prudencial' que se estimaría en cada caso.

- Menor en situación de riesgo. Cuando existan carencias o dificultades en la atención a las necesidades básicas de los menores. Cuando se detecta un menor en situación de riesgo, la Administración autonómica inicia un procedimiento de intervención familiar que no requiere la separación del menor de su entorno. - Menor en situación de desamparo. Se considera como tal el abandono voluntario del menor, la ausencia de escolarización, los malos tratos físicos y psíquicos, abusos sexuales, inducción a la mendicidad, delincuencia o prostitución, drogadicción o alcoholismo habitual del menor, trastorno mental grave o drogadicción habitual de los padres o guardadores, convivencia del menor en un entorno familiar que deteriore gravemente su desarrollo personal, o la falta de personas a las que corresponde la guarda. En estos casos, se inicia un expediente de protección que puede culminar en la declaración legal de desamparo y el apartamiento del menor del medio familiar. Si los padres se oponen a esta medida, se recurre por vía judicial. - Guarda. Se produce cuando los padres o guardadores reconocen de forma voluntaria que por enfermedad o circunstancias graves no pueden atender al menor y solicitan esa función a la Administración. - Acogida en centros. Se utiliza como medida de urgencia cuando es imposible mantener al menor en su entorno familiar. La institucionalización debe prolongarse el menor periodo de tiempo posible. La oportunidad de que el menor internado reciba o no visitas de la familia biológica la establece el juez de Familia. - Acogimiento familiar. Sólo se recurrirá a esta figura cuando se tiene certeza de la imposibilidad de cambiar la situación de desamparo del menor sin apartarlo del medio familiar. Si no hay consentimiento expreso de los padres, la medida no se puede adoptar más que con respaldo judicial. Existen tres tipos de acogimiento: simple, que es de carácter provisional; permanente, si fuera necesario prolongar el acogimiento simple en una misma familia; y preadoptivo, cuando se excluye toda posibilidad de que el menor se reintegre en su familia de origen. Si se opta por el acogimiento familiar, hay que agotar todas las posibilidades de reubicar al menor con su familia extensa. - Adopción. Si, atendiendo al interés preferente del menor, se confirma la imposibilidad de devolverlo a sus padres biológicos, y siempre que se haya pasado antes por la figura de acogimiento preadoptivo con la familia adoptante. El acogimiento simple o el permanente no son puertas legales para la adopción.