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La Fiscalía de Sevilla critica que los juzgados de Menores no hagan guardias

Flores pide servicios de 24 horas en las grandes poblaciones andaluzas

La falta de previsión de fondos por parte del Gobierno está afectando a la adecuada aplicación de determinados aspectos de la Ley Penal del Menor. Desde la Fiscalía de Sevilla se critica que los juzgados y los fiscales de Menores, cuyos puestos se crearon como consecuencia de la citada ley, no hagan guardias. Las razones esgrimidas por el Ministerio de Justicia es que los fondos son limitados.

El Consejo General del Poder Judicial le echó un capote a la situación y fijó que los Juzgados de Instrucción se hicieran cargo de los casos de menores que tengan lugar pasadas las horas normales de audiencia. Esta medida no ha sentado bien ni a jueces ni a fiscales que están cubriendo los servicios, aunque han expresado sus dudas sobre el apego a la Constitución de esta orden del máximo organismo judicial. El derecho constitucional al 'juez ordinario' se vería afectado en estos casos, ya que éste no es otro que el de Menores cuando el encausado tiene menos de 18 años.

Además, el artículo 28 de la Ley Penal del Menor dice que los fiscales deben de pedir 'al Juez de Menores' la adopción de medidas cautelares, si las consideraran necesarias. En ningún momento se cita a un sustituto legalmente establecido.

Por el momento, en los encuentros entre el Ministerio de Justicia y los sindicatos en la denominada Mesa Sectorial se están negociando la inclusión de guardias de los fiscales de Menores y los funcionarios y equipos técnicos. Estas guardias de 24 horas ya se llevan a cabo en algunos lugares como Madrid y Barcelona. El fiscal jefe de Sevilla, quiere que algunas otras ciudades como la propia Sevilla o Málaga entren en este plan de guardias de 24 horas. Sobre la posibilidad de que los juzgados de Menores hagan guardias aún no hay nada y todo se remite a la citada orden dada por el CGPJ.

Varios borradores

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Aunque por el momento no hay ninguna orden ministerial que lo regule, se han elaborado varios borradores de los equipos necesarios para cada guardia de los fiscales. La Fiscalía sevillana exige que sean al menos dos los fiscales de Menores que hagan guardia, ya que el artículo 17 de Ley Penal del Menor, en su apartado II fija que en las declaraciones del detenido sea un fiscal el que sustituya, si es necesario, a quien tenga la tutela o la patria potestad del declarante. Por supuesto ese fiscal debe de ser diferente del que lleva la instrucción.

Hasta el momento, los fiscales que están de guardia, bien en servicio de detenidos o de incidencias, asumen estas funciones. Los casos de menores detenidos en horas de guardia son relativamente frecuentes y, por ejemplo, en Sevilla, cada madrugada suele haber al menos un par de casos.

Esta situación afecta especialmente a los funcionarios, ya que, según han denunciado en un escrito enviado a la Dirección General de Relaciones con la Justicia, según informó el miércoles Europa Press, cuando están de guardia semanal cubren su horario normal de nueve de la mañana a dos de la tarde, para después continuar de cinco a nueve de la tarde. El resto del día estarán en situación de 'disponibilidad', o lo que es lo mismo, atados a un teléfono para acudir cuándo y dónde se les necesite. Los funcionarios de la Fiscalía sevillana piden guardias de 24 horas y no semanales.

Ni funcionarios ni fiscales esconden sus opinión a la hora de considerar que está situación anómala es producto de un afán de ahorro por parte de la Administración central -la autonómica deberá de hacer frente a los gastos de los equipos técnicos-. Las guardias de los juzgados, de los fiscales de Menores supondrían un gasto extra, que ahora se evita cargando de trabajo extraordinario a otros órganos y personal. 'Han decidido que se hace lo que se puede con el dinero que se tiene, en vez de ver primero las necesidades y luego disponer los fondos para que todo se desarrolle acorde a la ley', se lamenta una fuente judicial.

Por último, también los forenses critican esta situación, ya que su papel no figura siquiera en la Ley Penal del Menor y ellos consideran que debería de crearse un cuerpo específico, ya que también son numerosas las veces que tienen que atender casos relacionados con menores en una jornada de trabajo ya normalmente apretada y cargada de trabajo y desplazamientos.

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