Viejos y pocos

La 'bomba de tiempo' demográfica ya no es una hipérbole periodística. Los expertos de la ONU anticipan para la España del 2050 el dudoso honor de convertirse en el país con la población más envejecida del mundo, junto con una disminución neta de nueve millones de habitantes. El informe de la ONU dibuja un horizonte alarmante, en el que los países desarrollados apenas mantendrán su población, mientras que los más pobres la duplicarán en el próximo medio siglo. Un ejemplo geográficamente muy cercano puede servir para anticipar los cambios implícitos en esta tendencia: si España tenía hace medio siglo el triple de habitantes que Marruecos, dentro de 50 años nuestro vecino del sur tendrá un 60% más de población.

La demografía ha inspirado casi siempre un cierto desdén, y los Gobiernos de turno no suelen apreciar las previsiones solventes a largo plazo, se refieran a población, a medio ambiente o a cualquier ámbito que tenga poco que ver con el voto inmediato. Pero infravalorar las prospectivas de la ONU sería suicida. El eventual descenso de la población española en un 22% plantea cuestiones decisivas para las generaciones actuales y las venideras. Desde cómo se pagarán las pensiones y a qué edad habrá que fijar el retiro hasta el crecimiento del gasto sanitario y el modelo de sanidad pública con tal pirámide de población. O el vaciamiento de las ahora dispersas universidades. ¿Cuántos inmigrantes serán necesarios para mantener el sistema productivo? El fenómeno de la inmigración masiva, espoleado por el envejecimiento acelerado de unos y el crecimiento disparado de los más pobres, está llamado a alterar drásticamente actitudes sociales y patrones políticos y económicos.

España, con una ínfima tasa de fecundidad, necesita más niños. Fomentar la natalidad debe convertirse en tarea prioritaria y urgente de los poderes públicos. Suecia es un ejemplo de que se puede invertir el tren de la despoblación con medidas inteligentes. Se trata, entre otras cosas, de modernizar con políticas sociales activas -éste sería un objetivo básico de cualquier verdadera reforma laboral- un sistema que es una carrera de obstáculos para conciliar la maternidad (un bien social) y el trabajo. Un país moderno tiene que estar en condiciones de facilitar los medios -más guarderías públicas, viviendas más asequibles, incorporación profesional de los más jóvenes- que reduzcan la sobrecarga de la vida familiar y hagan de la procreación una razón para la alegría, en lugar de un angustioso quebradero de cabeza. ¿Tienen algo que decir de esto el Ejecutivo, la patronal y los sindicatos?