Los rectores piden que la ley universitaria se apruebe con consenso

Los rectores han pedido al Gobierno que busque el consenso político para aprobar la futura ley universitaria y consideran que el Gobierno debe tener en cuenta las opiniones de los representantes de las organizaciones sociales para elaborar el proyecto de la futura norma. Así lo ha manifestado el presidente de los rectores, Saturnino de la Plaza, en el Congreso de los Diputados tras presentar el Informe Universidad 2000. De la Plaza ha anunciado la creación de un foro para iniciar ese debate y ha solicitado que lo respalde el Parlamento.

En opinión de los rectores, el futuro de la Universidad no debe ser decidido exclusivamente por un equipo del Gobierno, sino que tiene que ser debatido con los representantes de los sindicatos; los expertos en cuestiones como financiación, acceso y planes de estudio de la educación superior; los estudiantes, y otros colectivos representativos de la sociedad.

El presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), Saturnino de la Plaza, presentó la pasada semana el Informe Universidad 2000, también conocido como Informe Bricall en el Congreso de los Diputados. Este documento fue elaborado por un equipo de expertos coordinados por el ex presidente de los rectores europeos, Josep Maria Bricall, por encargo de los rectores. El documento hace un análisis pormenorizado de la situación de la Universidad española y sugiere las medidas que se podrían aplicar para la modernización de la misma. Algunas de ellas son la creación de préstamos financiados por el Estado para los alumnos de los últimos cursos de carrera, el incremento del número de becas de 17% al 40% en los primeros cursos y la creación de dos nuevas figuras contractuales de profesorado y un plan estratégico para la evaluación permanente de las universidades.

El Gobierno ha anunciado que presentará el texto de la nueva Ley de Universidades, con la que se reformará la Ley de Reforma Universitaria (LRU), de 1983, una modificación que los rectores llevan ya reclamando desde el comienzo de la pasada legislatura. De la Plaza expresó en el Congreso las opiniones de los rectores ante diversos aspectos relacionados con la nueva ley:

- Consenso. En opinión de los responsables de las universidades, esta modificación 'es urgente y debe ser lo más ampliamente consensuada por el Gobierno con todos los grupos con representación parlamentaria para garantizar la vocación de permanencia de la nueva norma'.

- Debate social. El presidente de los rectores anunció la creación el próximo mes de marzo del foro Universidad y Sociedad y pidió al Congreso que lo auspicie con el fin de que sirva como vía para escuchar las opiniones de la sociedad sobre cómo debe ser el futuro de la Universidad y los aspectos que se deberían modificar con la futura ley. El PSOE manifestó su apoyo a esta iniciativa, y su portavoz de Educación en el Congreso, Amparo Valcarce, aseguró que su partido impulsará los mecanismos necesarios para que salga adelante. El resto de los partidos no se manifestaron al respecto.

- Regulación del profesorado. Según el presidente de los rectores, el programa de estabilización y mejora del profesorado, que aprobó el Gobierno del PP en la pasada legislatura mediante un real decreto, 'ha sido una medida coyuntural a la espera de la ley, y el resultado final de la financiación de esa medida ha preocupado a los rectores porque se ha tenido que hacer mediante convenios, que es una cobertura jurídico-administrativa que poco tiene que ver con el plan de estabilización del profesorado'.

- Financiación. Los rectores consideran que la nueva ley 'debería incluir mecanismos de financiación complementaria a las universidades'. La portavoz del PSOE en el Congreso cifró esa cantidad adicional que necesitan las universidades en 357.000 millones de pesetas.

- Acceso a la universidad. De la Plaza señaló que 'conceptualmente, la autonomía universitaria, recogida en la Constitución, da capacidad a las universidades para seleccionar sus estudiantes. Pero añadió: 'En este momento veo dificultades organizativas, ya que el problema fundamental del acceso de los estudiantes no es sólo que demuestren su madurez y conocimientos para seguir estudios universitarios, sino la ubicación de los mismos en las titulaciones que prefieren'.

Según De la Plaza, 'en muchas titulaciones este problema está desapareciendo y sólo queda en ámbitos como las ciencias de la salud o en enseñanzas técnicas'.