'Gaudeamus igitur'

Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus. Gocemos, pues, mientras somos jóve-nes. Tal es el comienzo de una antigua canción estudiantil, que acompaña líricamente los actos académicos de la vida universitaria todavía hoy en rememoración de lo que era fiesta y regocijo. La tradición impregna lo protocolario como símbolo de una identidad, la universitaria, cuya autonomía ha constituido un arduo logro parejo a la conquista de otras libertades individuales y colectivas, como la misma libertad de cátedra o la libertad de opinión. Paradójicamente, este derecho es el gran ausente en un reciente artículo, Una autonomía universitaria equilibrada, título por sí contradictorio.

Es un lugar común que la tradición constitucional de los frenos y equilibrios fundamenta la doctrina de la separación de poderes con el objeto de preservar la independencia y seguridad de todos y cada uno de ellos y no su merma en aras del 'bien común', un principio no natural que ha servido en distintos contextos históricos para vulnerar la debida independencia y seguridad. La autonomía no es así un mero problema de competencias administrativas sometido a un juego de equilibrios, en este caso entre Universidad, sociedad y poderes públicos; un equilibrio que se confunde con la coordi-nación debida en el ejercicio de las competencias propias.

La autonomía universitaria es un derecho político legitimado por su trascendencia histórica (como muestra la importancia de la 'cuestión universitaria' en este país desde 1865), y reconocido en el vigente texto constitucional, que prescribe la autonomía de las universidades, en los términos que reconozca la ley. Precisamente, una lectura restrictiva de tal desarrollo legal sirve para fundamentar el actual anteproyecto de Ley de Consejos Sociales a través de la Ley de Reforma Universitaria de 1983 y de la juris-prudencia al respecto del Tribunal Constitucional, además del polémico Informe Bricall, cuyo objeto no es más que promover el necesario debate acerca de un nuevo marco legal para las Universidades.

No deja de ser llamativo que, en el mencionado artículo de opinión, se obvie cualquier referencia al precepto constitucional de la autonomía universitaria. La Generalitat Valenciana goza de competencia plena para la regulación y administración de la enseñanza, pero sin perjuicio de los dispuesto en el artículo 27 de la Constitución, y los términos del anteproyecto legal de reforma de los consejos sociales se sitúan en un límite impreciso entre el respeto y la vulneración de tal principio constitucional de la autonomía de las universidades. El primer ardid, empleado hábil y mañosamente, es la instrumentalización del propio consejo social como órgano de gobierno de la universidad para injerir indirectamente en tal ámbito sin la implicación del Consell.

La reforma contempla un aumento del número de miembros de los consejos sociales, se dice que para reforzar la participación de la sociedad en la universidad. Pero esta declaración bienintencionada apenas puede esconder que tal incremento se produce mermando la representación de la sociedad a través de los sindicatos, sin mencionar el propio colectivo universitario, y que favorece un tipo de representación corporativa que escapa al propio control de la sociedad. Una reforma que asímismo diseña una estructura administrativa paralela a las propias de las universidades a través de los consejos sociales, vaciando de competencias esenciales a las juntas de gobierno en el gasto financiero y la planificación de estudios y centros, que son delegadas en gestores desig-nados por el Gobierno autonómico de turno.

El control político de las universidades desnaturaliza así el ejercicio de la voluntad democrática de la comunidad universitaria a través de sus claustros, pero esencialmente obvia que ninguna rama del poder que goza del principio político de autonomía está subordinada a otra rama y que no puede interferirse en el ejercicio de su autogobierno. Una injerencia que, a través del mayor peso de los puestos designados en los consejos sociales en la gestión de más competencias, coincide con otras actuaciones políticas del Gobierno autonómico del Partido Popular cuando las decisiones adoptadas en las universidades no han coincidido con sus intereses, como ha ocurrido con la segregación de facultades y centros, el freno a proyectos de expansión universitaria o el veto a políticas lingüísticas. Una actitud que lamentablemente muestra el talante de un gobierno conservador que procede al asalto a las instituciones en nombre del bien común. Los momentos de fiesta y regocijo parece que quedaron en las composiciones de viejas canciones estudiantiles.

Francisco Sevillano Calero es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Alicante.