Cinco años de cárcel para el edil de Getafe que adjudicó obras a cambio de comisiones

La Audiencia de Madrid ha condenado a cinco años y tres meses de cárcel, por los delitos de cohecho, maquinación para alterar el precio de las cosas y prevaricación continuada, a José Antonio Serrano, que fue concejal socialista de Getafe entre los años 1988 y 1994. El tribunal declara probado que Serrano pactó con el constructor Enrique Álvarez Arana que le adjudicaría obras municipales, pues él era concejal de Obras, a cambio de una comisión del 10% del importe de cada una de ellas. El constructor, que se inculpó de los hechos durante el juicio oral, ha sido condenado a un total de dos años de prisión por cohecho, falsedad y maquinación para alterar el precio de las cosas.

En el juicio por estos hechos celebrado en la Audiencia, el fiscal modificó sus conclusiones provisionales respecto al concejal Serrano y rebajó a cuatro años su petición inicial de ocho de prisión. Según la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado de la Sección 17ª Javier Martínez Lázaro, Serrano tampoco podrá ejercer un cargo público durante 16 años, y deberá pagar una multa de 37 millones. Serrano, según el fallo judicial, fue concejal de Getafe desde el año 1982, y entre 1988 y 1994 se hizo cargo del departamento de Obras y Mantenimiento. Álvarez Arana era, por su parte, contratista de obras y accionista mayoritario de la empresa Praper, S.A, en la que mantenía una situación de control absoluto.

Según los jueces, Serrano ofreció en 1990 a Álvarez Arana la posibilidad de que el Ayuntamiento de Getafe, gobernado por el PSOE, le adjudicase obras a través del Servicio de Obras y Mantenimiento. A cambio, el edil adquiriría para sí una comisión en metálico del 10% por cada una de las obras adjudicadas. El constructor aceptó. Para ejecutar su plan, Serrano contaba con la colaboración de Miguel Muñoz, jefe de Mantenimiento, ya fallecido, quien actuaba siguiendo las instrucciones de Serrano. La sentencia de la Sección 17ª de la Audiencia de Madrid, de 30 folios, repasa con detalle las irregularidades cometidas por Serrano.

Para los jueces, la confesión del constructor ha tenido una 'especial relevancia probatoria' de los hechos. Éste se autoinculpó y culpó a Serrano. Los jueces consideran probado que el sistema de contratación seguido en Getafe, mientras Serrano era edil, fue doble. Existía un sistema de vales para obras de pequeña cuantía (menos de 500.000 pesetas) y otro mediante concurso para obras de mayor volumen. En ambos casos, según la sentencia, la decisión política inicial de efectuar la obra la tomaba Serrano, que era quien acordaba el 'hágase la obra'.

Si el sistema era de vales, bien el arquitecto o bien el edil ofrecían la obra a alguna de las empresas del constructor imputado. En cambio, si la obra era de una cuantía elevada, la decisión correspondía igualmente al ex edil de Obras, que incluía en las listas de concursos a las empresas de Álvarez Arana o bien indicaba a Muñoz que lo hiciese él. Las empresas invitadas a concursar presentaban las correspondientes plicas, que se abrían ante la mesa de contratación, adjudicándose siempre a la que presentase la oferta más baja. 'El sistema de contratación permitía al concejal y al arquitecto influir en la selección de las empresas, pues ambos acordaban cuáles eran aquellas a las que se realizaba la oferta, sin ningún tipo de control', indica el tribunal.

Al ver que el pacto iba viento en popa, el concejal intentó más tarde asegurarse un más estrecho control de las contrataciones y unos mayores beneficios. Así, acordó con el constructor constituir una empresa de la que serían accionistas sus respectivas esposas. Esta empresa, Auracán, concurriría siempre a los concursos. Para lograr la adjudicación, en los casos en los que ésta se producía por el sistema de vales, el área de Mantenimiento encargaba los trabajos a una de las empresas de Álvarez Arana. En cuanto a las adjudicaciones por concurso, unas veces se ofrecía éste a las empresas del constructor y a otras ficticias, sin vida real, que también eran propiedad de Álvarez Arana.

En otros supuestos, Muñoz informaba al constructor sobre los precios que debía incluir en su oferta para asegurarse la adjudicación. De esta forma, las empresas del constructor procesado fueron adjudicatarias de al menos 25 expedientes de contratación, con un montante total de 195,6 millones de pesetas. Como consecuencia de estas adjudicaciones, Álvarez Arana entregó en metálico a Serrano o a Muñoz, pues ambos actuaban de mutuo acuerdo, más de 10,8 millones de pesetas. Parte de los pagos efectuados por el constructor a Serrano, en concreto cuatro millones de pesetas, fueron ingresados en una sucursal de Caja Madrid en un fondo de inversión a nombre de la esposa de Serrano.

La sentencia relata también que entre 1991 y 1992, a instancias del concejal, el constructor hizo gratuitamente gran parte de la obra de un chalé de Serrano situado en Ugena (Toledo). Las obras importaron unos 10 millones, de los que el edil sólo pagó 2,5 millones. También se imputa al constructor el haber confeccionado, entre enero y junio de 1992, 10 documentos fotocopiando en color los membretes, tipos de imprenta y sellos oficiales de diversas certificaciones de obra emitidas por el Ayuntamiento de Getafe a favor de sus empresas, y de alterar las fechas de las mismas para cobrar certificaciones de obras. Certificaciones que presentó en Caja Madrid y por las que obtuvo el descuento de más de 128,7 millones de pesetas. Con la misma finalidad de obtener el descuento bancario, el constructor también confeccionó en 1993 un total de 16 letras de cambio por un valor conjunto de 15,2 millones.

Las penas que deberá cumplir el ex concejal son de cuatro años de prisión menor, ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y multa de 37 millones por el primero de los delitos; 15 meses de prisión por el segundo, y ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el último delito. El tribunal ha decretado el comiso de la dádiva entregada a Serrano, 18,3 millones de pesetas.

Reacciones políticas

El despacho del catedrático Manuel Cobo del Rosal, defensor del ex concejal, anunció ayer que interpondrá un recurso de casación ante el Supremo por entender que la condena 'es injusta'.

El portavoz municipal del PP de Getafe, José Luis Moreno, afirmó ayer que la sentencia de la Audiencia demuestra que en este Ayuntamiento 'ha habido corrupción'. Y avanzó que su grupo estudiaría si cabe atribuir la responsabilidad al alcalde de esta localidad, el socialista Pedro Castro, que lleva en el cargo más de 20 años, y exigirle por ello cuentas políticas, informa F. J. Barroso.

El alcalde de Getafe indicó ayer que acata la decisión de los jueces. 'Siempre hemos mantenido', dijo, 'nuestro compromiso de dar toda la documentación que nos pidió el tribunal. Ahora bien, me parece increíble e imposible que un edil socialista haya sido condenado por esos delitos', subrayó.