El proyecto del 22@ reportará unos ingresos fiscales de 1,4 billones de pesetas en 20 años

Un estudio del impacto fiscal que implicará la transformación de Poblenou sostiene que esa área de Barcelona puede llegar a tomar el relevo de otras en cuanto a expansión económica. Actualmente el peso económico de Poblenou en el conjunto de la ciudad es de un 4% y en 20 años podría ser de un 10%, de acuerdo con el estudio realizado por el Gabinete Técnico de Programación del Ayuntamiento de Barcelona. Otro dato que refleja la expansión prevista: de los 31.000 trabajadores actuales, se pasará a 143.000 en el año 2023, cuando se considera que ya habrá culminado el desarrollo del proyecto.

Ese trabajo, al igual que otros similares sobre los ingresos fiscales en grandes transformaciones de ciudades, parte de los criterios básicos del proyecto urbanístico. Esto es, las superficies destinadas a cada uso. En el caso de Poblenou, el proyecto, que afecta a 100 manzanas de Sant Martí, prevé destinar 1.991.000 millones de metros cuadrados de techo a oficinas y empresas de la nueva economía y de las tecnologías del conocimiento; 998.000, a industrias; 668.000, a viviendas; 544.000, a aparcamientos, y 629.000, a equipamientos.

El estudio realiza dos tipos de cálculos: sobre los ingresos fiscales por las transacciones inmobiliarias y urbanísticas -la compraventa de suelo y edificaciones, la construcción y el establecimiento de nuevas actividades-y sobre los que generará la actividad de las empresas que se instalen en el 22@. De acuerdo con ese trabajo, la realización del proyecto urbanístico reportará unos ingresos fiscales de más de 250.000 millones de pesetas hasta el año 2023, de los que 189.000 los recaudará el Estado, 38.000 la Generalitat y 22.000 el Ayuntamiento de Barcelona.

Por tanto, es la Administración central la que resulta más beneficiada, con un 76% de esos ingresos, mientras que la Generalitat obtendrá un 15% y el el Ayuntamiento de Barcelona un 9%. La mayor parte de los ingresos fiscales -84.000 millones- corresponde a las cotizaciones sociales; le siguen los ingresos derivados del IRPF -62.000 millones, de los que 43.000 corresponden al tramo estatal y el resto al autonómico- y del impuesto de sociedades -42.000 millones-. Los ingresos por el IVA son inferiores -18.800 millones- porque gran parte de los inmuebles que se construyan se destinarán a actividades económicas y en ese caso las empresas tienen derecho a la deducción del IVA repercutido.

Pero la fiscalidad que genere el aumento de la actividad económica y mercantil en el 22@ reportará todavía más ingresos, según el análisis realizado por el Ayuntamiento de Barcelona.

Reparto desigual

Actualmente la actividad que ya desarrollan las industrias y empresas que operan en la zona reporta unos ingresos fiscales de 75.000 millones anuales, cifra que el estudio sitúa en 123.000 millones en 2023. En 20 años los ingresos fiscales generados por las empresas que se instalen en el 22@ serán de algo más de un billón de pesetas.

En el caso del 22@, la mayor fuente de ingresos está ligada a las nuevas actividades, y no a las transacciones y operaciones inmobiliarias, ya que se trata de una zona en la que predominará la actividad económica.

El trabajo destaca en una de sus conclusiones que el gran beneficiado de todo el proyecto del 22@ será el Gobierno central, ya que recaudará el 82% del total de los ingresos fiscales, mientras que la Generalitat ingresará el 14% y el Ayuntamiento sólo un 5%. 'Por el contrario, el Ayuntamiento, a diferencia de otras administraciones, tiene un incremento de gasto inmediato en la zona', destaca el estudio. Por eso critica el 'desigual' impacto fiscal 'a favor de la Administración estatal y autonómica', ya que más del 90% del producto fiscal que se genera por una transformación urbanística va a parar a las arcas de otras administraciones. Y eso, destaca el trabajo, cuando son las arcas municipales las que tienen más costes a posteriori: 'Es la Admisnistración local la que debe hacerse cargo de la mayor parte del incremento del gasto, como la movilidad, el alumbrado, el alcantarillado, los residuos, una parte de la seguridad, de los servicios a las personas, una parte del transporte público, de las zonas verdes y de la enseñanza. A la Generalitat le corresponden responsabilidades en enseñanza, sanidad y transporte público, principalmente, y al Estado prácticamente no le corresponde asumir ningún tipo de competencia directa, a excepción de una parte de la seguridad y parte del transporte público'. Precisamente por ese desequilibrio, el trabajo del gabinete municipal plantea al Gobierno central y al catalán que 'contribuyan eficazmente' al éxito del proyecto del 22@. Es decir, que aporten parte de los ingresos que percibirán.