El Museo de la Ciencia contrató empresas de la familia de su administrador
La relación de la familia Matamala con el Museo de la Ciencia y de la Técnica tuvo su primer fruto el 24 de diciembre de 1991, fecha en la que el Gobierno de la Generalitat aceptó la donación de un edificio de la Colonia Sedó de Esparreguera ofrecido por la Caixa d'Estalvis de Manresa. Lo que interesaba al museo no era tanto el edificio como la turbina hidráulica que alberga en su interior, cuyas dimensiones y características obligaron a desechar la idea inicial de trasladarla, para su exhibición, a la sede central del museo en Terrassa.
El museo, con la ayuda económica -siete millones de pesetas, según Casanelles- de la mencionada entidad de ahorro, optó por comprar el edificio e instalar allí una de sus secciones con la denominación de Museo Colonia Sedó de Esparreguera. El vendedor, informó el director del museo, fue la sociedad Polígono Industrial Can Sedó, SA (PICSSA), una de las empresas de la familia Matamala.
Casanelles negoció todo lo concerniente a la venta del inmueble con Jaume Matamala Duarri, el 'señor Matamala', quien le presentó a su hijo, Jaume Matamala Cura, que 19 meses después sería nombrado administrador del museo. El nombramiento, consignado en un decreto con fecha 13 de julio de 1993, fue propuesto al Gobierno de la Generalitat por el entonces consejero de Cultura, Joan Guitart, 'vista la propuesta del consejo rector aprobada por la Junta de Museos de Cataluña'.
Presidido por el director general de Patrimonio Cultural, el consejo rector a que alude el decreto es el máximo órgano de dirección del museo, cuyo organigrama -en cuanto entidad autónoma adscrita al Departamento de Cultura- se completa con las figuras del director y del administrador. La designación de Matamala, por tanto, no fue una decisión exclusiva o personal de Casanelles, sino que contó con la aprobación expresa de los principales responsables del Departamento de Cultura.
La conversión del edificio donado por la Caixa d'Estalvis de Manresa en 1991 en lo que es hoy el Museo Colonia Sedó de Esparreguera ha exigido una inversión de 44 millones de pesetas: 18 en la primera fase, que culminó en 1993, y 26 en la segunda (14 en obras y 12 en museografía), que finalizó el pasado año. Sin precisar el coste de los encargos efectuados a empresas de la familia Matamala, Casanelles informó de que éstas han realizado buena parte de las obras: 'De otra forma no se hubiera podido hacer', subrayó el director del museo, ya que 'difícilmente' otras empresas se habrían adaptado 'al ritmo y al tipo de trabajos' que exigía la operación. Y todo ello sin olvidar que la intervención de las empresas de los Matamala ha hecho que todo resultara 'más barato', en palabras de Casanelles.
Contratación directa
La intervención de las mencionadas empresas se realizó mediante encargos inferiores a los dos millones de pesetas, según explicó el director del museo, lo que permitió su contratación directa, es decir, sin concurso previo.
A modo de ejemplo, Casanelles informó del encargo realizado a Hidropont, SL, por valor de 1.948.000 pesetas en 1997, y de los efectuados a Maquinaria 1001, SL, por valor de 1.821.000 y 1.950.000 pesetas en los años 1997 y 1998, respectivamente. Estas dos empresas tienen como administrador, según consta en el Registro Mercantil, a Agustí Matamala Cura, hermano del administrador del museo.
Agustí Matamala señaló que había permitido que las empresas de su familia intervinieran en las obras del museo para satisfacer a su padre, una persona, dijo, muy interesada en la protección y conservación de todo lo que concierne al patrimonio industrial catalán. 'Nuestras empresas', subrayó, 'son pequeñas y fundamentalmente trabajamos para particulares. Trabajar para la Administración, con el retraso con el que se producen los pagos, no nos interesa'.
Investigación fiscal
La contratación por el Museo de la Ciencia y de la Técnica de Cataluña de las empresas de la familia Matamala fue denunciada a la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que a la vista de un informe realizado por la policía judicial no apreció 'conducta delictiva' y acordó el archivo de las diligencias.'De lo investigado por esta fiscalía', señala la resolución, 'sólo consta que en una mínima parte las obras realizadas fueran concedidas a empresas de esas circunstancias, y ello con aprobación del director y con intervención de la correspondiente autoridad de control de la Generalitat,por lo que no se aprecia conducta delictiva que justifique el ejercicio de la acción penal por parte de esta fiscalía'.
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