Pacto inmigrante

El efecto taumatúrgico que el Gobierno atribuyó a su Ley de Extranjería -nada de efecto llamada y ley coladero, que eran cualidades de la anterior- se ha esfumado a las primeras de cambio; es decir, cuando ha tenido que enfrentarse a los problemas reales para muchos de los cuales carece de respuesta. Las pateras repletas de inmigrantes sin papeles siguen llegando a las costas del sur -ayer fueron capturados 198 subsaharianos en aguas cercanas a Tarifa- y la oferta de 'inmigración ordenada' que, según el Gobierno, representa su ley no es capaz siquiera de satisfacer la actual demanda de mano de obra de determinados sectores productivos de la economía. El Gobierno da muestras, por más que intente ocultarlo, de sentirse desbordado por la situación y empieza a reconocer paladinamente que la correcta gestión del fenómeno migratorio necesita de la colaboración de muchos: fuerzas políticas, comunidades autónomas, Unión Europea, instancias empresariales y organizaciones sociales.

En estas circunstancias se hace notar la ausencia de un acuerdo político y social de mayor alcance que el que ha servido de soporte a la actual ley. Tras su inicial rechazo a la renovada oferta de pacto que le ha hecho el secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, el Gobierno parece mostrarse más receptivo a condición de que no se toque su ley. Sin embargo, la actual Ley de Extranjería está seriamente averiada por una realidad que la desborda -y en parte la convierte en papel mojado-, lo que hace urgente un acuerdo lo más amplio posible sobre su aplicación.

El desarrollo reglamentario de la ley podría ser el punto de partida de ese acuerdo, siempre que no se insista, como se deduce de los primeros borradores, en endurecer todavía más sus trazos más duros. Es impensable que pueda haber un pacto si el Gobierno insiste en hacer una lectura esencialmente policial del proceso migratorio: centros de inmigrantes bajo control de Interior, valoración policial de la capacidad de adaptación del inmigrante a la sociedad, incautación por la policía de fronteras de los billetes de retorno, etcétera. Y si se empeña en endurecer los trámites de obtención de los permisos de residencia y trabajo, dificultando con ello la integración del inmigrante que proclama la ley. Por ese camino será muy difícil que la inmigración adquiera 'el hábito de la legalidad' que tanto echa en falta el ministro Mayor Oreja. Habría que pactar una política que, al tiempo que pone en marcha todos los resortes del Estado para garantizar una inmigración legal en origen, fijando contingentes anuales acordes con las necesidades, no dé la espalda a situaciones inicialmente ilegales, pero que pueden dejar de serlo en condiciones razonablemente accesibles al inmigrante.