Contaminación electromagnética

Somos vecinos de la comunidad de propietarios del número 51 de la calle de Ginzo de Limia (Ciudad de los Periodistas), que rechazó por unanimidad una oferta millonaria para instalar en la terraza del edificio antenas de telefonía, por los posibles efectos nocivos que pueden causar esas instalaciones. Aunque todavía no existe una legislación específica y unas conclusiones sobre esos riesgos, tanto la Unión Europea como la Organización Mundial de la Salud (OMS) han establecido una serie de proyectos de investigación para estudiar los efectos sobre los seres humanos de los campos electromagnéticos.

Pero las conclusiones de estos proyectos no se conocerán hasta 2005 o 2006. En ese tiempo, los habitantes de las viviendas próximas a esas instalaciones pueden estar recibiendo, durante 24 horas los 365 días del año, radiaciones cuya inocuidad no ha sido establecida. Esta preocupación es universal, como puede comprobarse en la página web de la Asociación de Estudios Geobiológicos (www.gea-es.org).

Nuestra comunidad es una de las situadas en los cinco edificios de la Ciudad de los Periodistas, cuyas 17 plantas, en uno de los lugares más altos de Madrid, han despertado las apetencias de las empresas explotadoras de estos sistemas de transmisión. Dos de esas comunidades no han resistido a la tentación de obtener varios millones de pesetas anuales por cada instalación, arropadas las peticiones con palabras tranquilizadoras sobre la no peligrosidad de esas instalaciones, pero sin ningún acompañamiento documental que pruebe esa idoneidad.

Nos encontramos, por lo tanto, ante una situación cuyas consecuencias son todavía imprevisibles y cuyo riesgo se acrecienta al concentrarse varias de esas instalaciones en una urbanización reducida. Ya son cinco las empresas que han obtenido el permiso para instalarse en un solo edificio, y nos consta que existen negociaciones para colocar esas antenas en otros, lo que puede convertir a la Ciudad de los Periodistas en un impredecible centro distribuidor de campos electromagnéticos. Por ello, hemos hecho a la autoridad municipal competente las siguientes peticiones, las cuales queremos trasladar también, a través de su medio de difusión, a sus lectores:

- Que se cuente con la preceptiva autorización del Ayuntamiento, tanto para la instalación como para la puesta en marcha de los equipos.

- Que sus técnicos comprueben y firmen que la instalación se ajusta a los proyectos presentados.

- Que el Colegio de Arquitectos certifique que la sobrecarga de varias toneladas de estas instalaciones no afecta al edificio.

Todo esto, a la espera de esas normas de la Unión Europea, de la Organización Mundial de la Salud y del propio Parlamento español, con el temor de que dentro de cinco o seis años nos estalle una crisis similar a la que padecemos con las vacas locas.