Déficit democrático

Atenuado ya el estruendo informativo que provocó el desembarco del presidente Zaplana en Madrid, la vida política valenciana recobra sus constantes vitales e invoca la atención debida. Y ningún asunto más noticioso, a nuestro entender, que la reanudación de las sesiones parlamentarias con una propuesta estelar, como ha sido el proyecto de ley de Uniones de Hecho presentado por el PP y elaborado por la Consejería de Bienestar Social. Como es sabido, PSPV y EU han formulado enmiendas a la totalidad y, consecuentemente, la aprobación del proyecto habrá de demorarse hasta una próxima oportunidad en la que prosperará con los votos del grupo que lo patrocina.

Como mero observador, y oídos los alegatos de los enmendantes, trato de comprender que, cuanto menos, están cargados de buena voluntad. La izquierda devuelve provisionalmente el toro al corral para demostrar que postula una ley de más alcance, en la que, esencialmente, las dichas uniones queden equiparadas a todos los efectos con el matrimonio. No es la única objeción, pero sí la de mayor relieve. Aducen que el proyecto ha sufrido correcciones debidas a la presión de los estamentos más conservadores y de la jerarquía eclesiástica en particular. Es posible y tampoco habría de sorprendernos, pues son públicas, las reacciones de algún prelado y de la misma Asociación Valenciana de Familia, para la que no hay más pareja que la canónica.

Admitida, pues, esta coherencia purista y maximalista, habríamos de preguntarnos si tal actitud ha sido política, esto es, adaptada a las circunstancias y, sobre todo, inteligible al tiempo que útil para los colectivos más directamente implicados. Verdad es que estos no ven plasmadas todas sus reivindicaciones, entre otras razones porque algunas -la adopción, por ejemplo- no están al alcance del Gobierno autonómico. Pero no es menos cierto que se les resuelven no pocos problemas y adquieren un estatuto legal que les era negado. Prueba de ello es que cualificados portavoces del colectivo Lambda de Lesbianas y Gays no han disimulado su satisfacción y así se lo han expresado al presidente de la Generalitat.

Incluso militantes socialistas no acaban de comprender esta pirueta radical de su partido, cuando, a su juicio, lo más rentable hubiese sido plantear enmiendas parciales, intentar mejorar determinados aspectos de la norma y cobrar un plus de reconocimiento por haber contribuido a parirla. Ha prevalecido, en cambio, el gusto por los gestos aparatosos, pero inanes. Quizá celebren este alarde de rigor, pero han de saber que han dejado una estela de gente perpleja, empezando por un sin número de parejas que esperan esta ley -siquiera de mínimos- como agua de mayo.

Por otra parte, aunque sea incuestionable la legitimidad de tales enmiendas -otra cosa es su oportunidad-, nos parece que este cerrarse en banda no es el mejor recurso para colmar el déficit democrático que se percibe en las Cortes Valencianas y que la izquierda justamente denuncia. No sólo se ha empobrecido el debate, sino que se ha estrangulado la fuente que lo nutre mediante el autocrático procedimiento de arrumbar cuantas propuestas se hacen desde la oposición, bien sea en la Mesa, bien en la Junta de Portavoces. El PP se ha atrincherado en ambas instancias y la presidenta de la Cámara, Marcela Miró, por sí misma o como vicaria de más altos designios, ha renunciado a su papel moderador y más aún al de amparadora de razonadas peticiones.

Nada menos que 18 propuestas han sido vetadas en los últimos días. Y esto sí nos parece grave, tanto para la dignidad de la Cámara como para la salud de la democracia. Quizá algunas de ellas no tuviesen la necesaria molla para ser acogidas, pero así, a bote pronto, nos parece que sólo desde la arbitrariedad de quien puede se desestima la investigación parlamentaria del Ivex, o se niega información acerca de los dineros que se pagan por los locales que ocupa RTVV, o se impide que informe la Síndic de Agravios, o...El corolario de esta fumigación de iniciativas es el enervamiento cameral.