Un temblor social sacude El Salvador

El temblor es casi permanente: éste es un país que, literalmente, se mueve a cualquier hora. También los muertos (que se elevan a 277), daminificados y daños se mueven, crecen y ninguna cifra refleja la realidad. Los que mueren y sufren viven en los ranchitos, habitáculos de adobe y lodo de los que está sembrado el país. Vivían sin luz, agua o letrinas bajo cartones y hojalatas: hoy no les queda ni eso. Mientras, en San Salvador, la vida sigue casi como si nada; de vez en cuando, un ligero vaivén, un apagón, un corte de teléfono: nada raro.

El temblor repetido incontables veces ha sido telúrico, pero también es político y social. Y si en tres años El Salvador padeció El Niño (97/98), el huracán Mitch (98), las epidemias de dengue y retrovirus (2000), ahora llueve sobre mojado. Para acabar de complicar las cosas, la moneda salvadoreña, el colón, se halla, desde el 1 de enero de este año en proceso de dolarización. Las necesidades inmediatas de los afectados son agua potable, vivienda, comida, escuelas, medicinas y ayuda psicológica; los periódicos hablan de 'emergencia emocional' y explican que, entre los supervivientes, el nivel de ansiedad es enorme. No puede ser de otra forma, éste es un país vulnerable en casi todo, empezando por cómo reconstruirlo.

La polémica comienza en los censos y acaba en las acusaciones de clientelismo en el reparto de fondos

Un mes después del primer gran terremoto y pese a las declaraciones gubernamentales, los partidos políticos, las organizaciones sociales y cívicas y hasta la Conferencia Episcopal Salvadoreña plantean la necesidad de la 'elaboración concertada de un proyecto global de reconstrucción al que se puedan consagrar con pasión las mejores energías de todos y cada uno, sin excluir a nadie', según el documento de los obispos salvadoreños. Éstos piden 'una mesa común para diseñar juntos el futuro de la nación', según dijo a EL PAÍS Gregorio Rosa Chavez, obispo auxiliar de San Salvador. La Iglesia católica se ofrece como mediadora en una 'situación de emergencia llena de tensión'.

La unánime solicitud de unidad es respaldada en una crítica declaración -'si continuamos en el rumbo actual, los terremotos profundizarán nuestros males históricos' y advierte del peligro de 'confrontación e ingobernabilidad'- hecha pública por una cincuentena de ONG de amplísima representatividad social e importantes contactos humanitarios internacionales.

El documento de estos expertos en el trabajo social solicita la definición de prioridades para la reconstrucción y las concreta en tres ámbitos: la vivienda, el empleo y la reactivación del aparato productivo y lo que llaman 'vulnerabilidades ambientales y sociales', que engloban tanto la atención psicológica como la prevención de desastres.

Se pide también al Gobierno de Francisco Flores: 'Que en el plazo más breve posible se presente una sólida propuesta de reconstrucción y desarrollo que nos permita llegar unidos como país a la reunión del Grupo Consultivo de Madrid', que se celebrará en marzo. Las críticas a la actuación del Ejecutivo de estas ONG se centran 'en la falta de eficacia a la hora de organizar la distribución de la ayuda internacional y los propios efectivos del país', explicó Ana Eugenia Martín de Intermon.

Flores, un moderado del derechista partido Arena, ha reclamado a través de la televisión más ayuda internacional. Flores dijo, poco antes del último terremoto, que la ayuda exterior se había detenido provocando el estupor de las muy activas ONG que trabajan desde hace años en el Salvador. Antes de las últimas sacudidas, el Ejecutivo había traspasado la responsabilidad del reparto de ayudas a los municipios ante la inoperancia de la Comisión Nacional de Seguridad, un organismo que reune a empresarios, y del Comité de Emergencia Nacional, que preside el ministro del Interior. La polémica sobre quién ha de reconstruir el país y cómo hay que hacerlo había, pues, comenzado ya antes del último zarpazo de la tierra.

Con el traspaso a los municipios del sistema de reparto de los fondos de ayuda, el Gobierno les trasladaba también la responsabilidad sobre la complicada y difícil reconstrucción. Pero la polémica, entre Gobierno y alcaldes, comienza en los censos y acaba en las acusaciones de clientelismo en el reparto que de los fondos podrían hacer determinados alcaldes.

Los seis partidos políticos con representación en la Asamblea Legislativa, incluido Arena, también han reclamado al Gobierno que se les incorpore a la reconstrucción del país. El lunes, mientras el principal partido de la oposición, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), se ponía a las órdenes del Ejecutivo para trabajar en un plan que incluyera a todos los sectores del país, el presidente declaró que 'el único acuerdo al que estaba obligado era el que tenía con las víctimas del terremoto', y descartó todo consenso con otros grupos políticos y sociales.