El Ministerio de Trabajo suprime la defensa legal para los inmigrantes

El texto de Trabajo consta de seis folios, está fechado el mes pasado y fue presentado el 2 de febrero, a las 10.00, en la Sala de Consejos del Imserso, en Madrid, a las entidades subvencionadas con el 0,5% del IRPF para gestionar la que hasta ese momento se denominaba Red de Información, Orientación y Apoyo Legal a Inmigrantes: 15 instituciones entre ONG, sindicatos y asociaciones. Afirma que el Imserso debe adaptar sus servicios a la nueva realidad creada por la reforma de la Ley de Extranjería y anuncia un cambio de nombre en la red, que a partir de ahora se llamará Servicio de Información y Orientación Social a Inmigrantes. Sólo menciona a los extranjeros regularizados.

La amputación del término Apoyo Legal no se limita al título. De entrada, el documento advierte: 'Los servicios de defensa legal para inmigrantes ya no tienen razón de existir si el colectivo tiene acceso a la justicia gratuita en las mismas condiciones de los españoles'. Esta afirmación contrasta con lo expuesto en el punto 2 del artículo 94 del borrador de reglamento de la Ley de Extranjería, referente a la colaboración contra redes organizadas, que ha sido ampliamente publicitado por el ministro del Interior, Jaime Mayor. 'Durante el periodo de cooperación o colaboración [de un inmigrante]', dice el mencionado artículo, 'el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales proporcionará al extranjero los soportes jurídicos y sociales necesarios para facilitar la denuncia de los hechos o su testificación en el proceso penal correspondiente (...)'.

El comunicado de Trabajo afirma que el Servicio de Información y Orientación Social a Inmigrantes se prestará por medio de puntos de información distribuidos en todas las zonas con presencia significativa de estos extranjeros. Y añade: 'Estarán atendidos por asistentes sociales o personas con formación y experiencia específica en el campo de atención social a inmigrantes'. Es decir, excluye a los abogados.

La toma de control por parte del Ministerio del Interior en todos los asuntos referidos a inmigración es constatable en el siguiente párrafo: 'El Servicio de Información y Orientación Social del Imserso debe permanecer en permanente contacto con el Ministerio del Interior y las unidades específicamente creadas para la atención de los inmigrantes (Servicio de Atención a Ciudadanos Extranjeros, dependiente de la Dirección General de la Policía, y Equipos de Asistencia al Inmigrante, dependientes de la Dirección General de la Guardia Civil)'.

Las organizaciones afectadas han recibido esta nueva decisión del Gobierno con indignación. Al portavoz de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes (ATIME), Abdel Hamid Belluki, la medida le parece 'una barbaridad. Se cargan la red jurídica de las ONG, que era la que más contacto mantenía con los inmigrantes', afirma. 'Nosotros tenemos 13 abogados. Ahora nos quedaremos con uno. Y a ver de dónde sacamos el dinero para pagarle'.

A Enriqueta Chicano, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, el anuncio le parece 'muy grave'. 'Los inmigrantes irregulares suelen acudir a las ONG para que les ayudemos a resolver su situación', razona. 'Si a partir de ahora no van, el Gobierno podrá decir que han desaparecido. De esta manera le saldrán las estadísticas'.